¿Habrá impuesto a las remesas desde EE.UU.? Lo que deben saber los inmigrantes sin papeles

Una nueva propuesta legislativa en Estados Unidos busca cobrar impuestos a las remesas enviadas por inmigrantes indocumentados, lo que podría impactar directamente en millones de familias que dependen de estos envíos. El proyecto, denominado “Una, Grande y Hermosa Ley de Impuestos”, plantea aplicar un 5% a las transferencias realizadas desde EE.UU. hacia el extranjero, siempre que el remitente no pueda probar su ciudadanía estadounidense.

Presentada por el representante republicano Jason Smith, esta medida ya fue aprobada por la Cámara de Representantes como parte de una reforma fiscal más amplia. Aunque el texto aún debe pasar por el Senado y podría modificarse, su contenido actual establece una ruta clara hacia políticas más restrictivas para la comunidad inmigrante en el país.

Verificación del estatus migratorio al enviar remesas

Según el borrador aprobado, los proveedores de servicios de envío de dinero estarán obligados a retener el 5% del monto total si el remitente no presenta pruebas de ciudadanía estadounidense. Es decir, residentes permanentes, personas con visa de trabajo e indocumentados serían los más afectados.

Además, las remesadoras deberían verificar activamente el estatus migratorio de quienes utilicen sus servicios. Esto convierte el proceso en una herramienta de control migratorio, dejando en una situación de vulnerabilidad financiera a millones de trabajadores que envían dinero a sus familias.

Una iniciativa con tintes antiinmigrantes más amplios

El documento legislativo, de 389 páginas, también incluye otras propuestas que han sido criticadas por su carácter antiinmigrante. Entre ellas, penaliza a los estados que faciliten el acceso a Medicaid para personas indocumentadas.

Otra disposición significativa plantea recortes al programa de asistencia alimentaria SNAP, anteriormente conocido como cupones de alimentos. Esta política afectaría a las poblaciones inmigrantes más vulnerables, muchas de las cuales ya enfrentan barreras económicas y de acceso a servicios básicos.

Reacciones dentro y fuera del Congreso 

Aunque el proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes el 14 de mayo, no ha contado con el apoyo unánime del Partido Republicano. Figuras como Ron Johnson y Rand Paul han expresado su desacuerdo, anticipando un posible freno a la iniciativa en el Senado.

Desde el extranjero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó categóricamente la propuesta. En su conferencia del 15 de mayo la calificó de inconstitucional y advirtió que implicaría una doble imposición para los mexicanos que ya tributan en Estados Unidos.

México sería el más afectado

México, uno de los principales países receptores de remesas, sería especialmente afectado. Según el Anuario de Inmigración y Remesas 2024 de BBVA Research, estados como Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero y Chiapas reciben remesas que representan más del 10% de su producto bruto interno.

Durante la conferencia del 16 de mayo, Sheinbaum denunció además que la medida contradice acuerdos comerciales firmados por Estados Unidos, como aquellos que prohíben la doble imposición fiscal. La cancillería mexicana ya inició conversaciones con legisladores estadounidenses para advertir sobre las consecuencias económicas y sociales de esta propuesta.

Aunque aún no se sabe si el Senado aprobará la versión final de la propuesta, el solo avance de esta iniciativa ha encendido las alarmas en la comunidad inmigrante y en los países que dependen de las remesas. De avanzar, representaría un cambio profundo en el trato fiscal a los inmigrantes, muchos de los cuales sostienen economías enteras en América Latina.