El rechazo de Katie Hobbs se da en medio de nuevas propuestas estatales que buscaban reforzar la colaboración con autoridades migratorias como ICE.
Una propuesta legislativa en Arizona, presentada por la senadora republicana Wendy Rogers, buscaba obligar a hospitales que reciben fondos de Medicaid a preguntar por el estatus migratorio de sus pacientes. Aunque la medida no planteaba negar atención médica ni alertar a las autoridades migratorias, fue rechazada por la gobernadora demócrata Katie Hobbs mediante un veto que ha sido celebrado por la comunidad inmigrante.
En su carta de veto, Hobbs argumentó que los hospitales no deben actuar como agentes de inmigración, especialmente en contextos de emergencia. Subrayó que el acceso a los servicios médicos no puede condicionarse al estatus migratorio y que, de por sí, las personas indocumentadas no califican para el programa federal Medicaid. El veto llega en medio de un contexto nacional donde persisten iniciativas que buscan endurecer el control migratorio a nivel estatal.
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El centro del debate radicaba en si los hospitales podían o debían colaborar en el control migratorio. Para Hobbs, la respuesta fue clara: no. “Los hospitales no deben ser agentes de inmigración”, señaló en su misiva. La propuesta, aunque aseguraba que no implicaría consecuencias para los pacientes, fue vista por organizaciones proinmigrantes como un paso hacia la criminalización de quienes buscan atención médica sin documentos en regla. El intento de normalizar este tipo de cuestionamientos en espacios de salud fue percibido como una amenaza a derechos humanos básicos.
La otra iniciativa que buscaba cooperación entre policías e ICE
La propuesta vetada no fue la única de su tipo en Arizona. Otra iniciativa legislativa paralela buscaba que agencias estatales y departamentos de policía locales estuvieran obligados a cooperar activamente con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante la detención de personas. El veto de Hobbs ha sido interpretado como un gesto político a favor de los derechos de los inmigrantes y una barrera frente al avance de normas que muchos consideran discriminatorias.
La senadora Rogers, promotora de la medida vetada, defendió su propuesta argumentando que no se trataba de negarle atención a nadie, sino de tener un mejor cálculo del impacto fiscal de la atención médica a personas indocumentadas. Sin embargo, el rechazo contundente de la gobernadora deja claro que, al menos en Arizona, la salud pública no será una herramienta de control migratorio.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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