Descubre si la policía local colabora con ICE: Así puedes verificarlo desde casa

Con el regreso de Donald Trump al poder, las deportaciones en Estados Unidos han cobrado nueva fuerza. La reactivación del programa 287(g) está llevando a un número sin precedentes de agencias policiales estatales y locales a colaborar formalmente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), especialmente en estados gobernados por republicanos como Florida, Texas y Alabama.

Desde enero, más de 600 agencias en todo el país se han unido a este programa, lo que ha encendido alarmas entre comunidades inmigrantes por su potencial uso indiscriminado contra personas sin antecedentes penales. Mientras en California la Ley de Valores impide esta cooperación, en otras regiones crecen las denuncias por discriminación y violaciones de derechos.

Expansión del programa 287(g) y su impacto local

El programa 287(g) establece acuerdos entre ICE y agencias policiales locales que permiten a estas asumir funciones migratorias. Hay tres modalidades:

1. En cárceles
2. En labores diarias de patrullaje
3. Mediante oficiales certificados para ejecutar órdenes administrativas de detención

Aunque en teoría este mecanismo busca enfocarse en personas con antecedentes criminales, en la práctica ha sido usado para detener a cualquier inmigrante indocumentado. Una capacitación en línea de apenas 40 horas basta para que un agente local asuma responsabilidades federales, una situación que ha sido criticada por falta de supervisión y control.

Estados con más acuerdos y comunidades más expuestas

Florida y Texas concentran el mayor número de convenios: el 43% y 14% respectivamente, pero no son los únicos. Alabama, por ejemplo, tiene más de diez agencias policiales bajo el programa, como las oficinas del sheriff en los condados de Colbert, Elmore y Crenshaw. Otros estados con presencia significativa incluyen Arkansas, Georgia, Kentucky, Indiana, Nevada y Nueva York.

La lista de jurisdicciones se amplía cada mes, y aunque durante la gestión de Joe Biden no se firmaron nuevos acuerdos, la situación cambió drásticamente desde el regreso de Trump. Las comunidades latinas, asiáticas y africanas ahora enfrentan un clima de temor constante, donde ir a denunciar un delito o simplemente circular por la vía pública puede implicar una detención.

Denuncias por violaciones de derechos y efectos sociales

Diversos informes de organizaciones como ProPublica y la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) han revelado casos de discriminación racial y falta de métricas claras de desempeño en estas colaboraciones. Incluso el Departamento de Justicia ha hallado abusos sistemáticos en lugares como Carolina del Norte y Arizona.

La retórica de que el programa fortalece la seguridad pública pierde peso ante testimonios de personas que ya no llevan a sus hijos a la escuela por temor al arresto o que evitan denunciar abusos domésticos. En muchas zonas, la presencia de ICE está dejando un efecto paralizante en la vida cotidiana, afectando negocios, educación y salud emocional.

En este nuevo panorama, los derechos constitucionales se enfrentan al miedo colectivo y a una maquinaria inmigratoria que, lejos de ofrecer seguridad, está sembrando desconfianza en quienes más necesitan protección.