Por qué Estados Unidos cobra impuestos a los ciudadanos americanos que viven fuera

Ciudadanía americana: el sistema tributario de Estados Unidos no toma en cuenta dónde viven o trabajan sus ciudadanos. | Fuente: Ilustración

Conoce, además, cuánto cuesta renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos, uno de los anhelos de millones de extranjeros

El peso de la ciudadanía estadounidense para aquellos que residen fuera de las fronteras del país ha sido una carga considerable para muchos, una situación que ha llevado a miles a tomar la drástica decisión de renunciar a su nacionalidad. Esta acción, sin embargo, solía conllevar un costo económico elevado.

Tras el anuncio del Departamento de Estado en octubre de 2023, donde se informó la reducción de las tarifas asociadas a este proceso, un grupo de ex ciudadanos presentó una demanda colectiva para reclamar un reembolso por los gastos pasados.

Este movimiento marca un hito en la larga batalla de los llamados "estadounidenses accidentales", aquellos ciudadanos que, aunque no viven en el país ni tienen vínculos tangibles con él, se ven obligados a cumplir con obligaciones fiscales. Rachel Heller, una de las principales demandantes, relató cómo hace años pagó U$D 2 350 para renunciar a su ciudadanía, casi equivalente a su salario mensual. Ahora, con la reducción anunciada a U$D 450, busca obtener un reembolso por la diferencia.

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Heller forma parte de un grupo de 30 000 ex ciudadanos estadounidenses, representados por la asociación Estadounidenses Accidentales, que exige un cambio en el sistema tributario que, a diferencia de la mayoría de los países, impone impuestos basados en la ciudadanía, sin importar dónde resida o trabaje la persona.

La implementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) en 2010 intensificó esta situación al requerir que los bancos extranjeros informen al IRS sobre las cuentas de ciudadanos estadounidenses, lo que llevó a muchos a enfrentar pagos adicionales a EE. UU. por servicios que nunca utilizaron.

El Departamento de Estado comenzó a imponer una penalidad a aquellos que renuncian a su ciudadanía en 2010, y en 2014 aumentó la tarifa a U$D 2 350, citando un aumento en las solicitudes que requerían más recursos. La reducción reciente de esta penalidad ha sido recibida con escepticismo por algunos, quienes consideran que no aborda las causas fundamentales que llevan a los individuos a renunciar a su ciudadanía.

La presión financiera, junto con las dificultades bancarias y los requisitos adicionales de cumplimiento tributario, han llevado a un número creciente de estadounidenses a tomar la decisión de renunciar a su ciudadanía. En medio de estos desafíos, un número récord de ciudadanos estadounidenses ha optado por la expatriación, una tendencia que parece continuar en aumento.

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