Aunque la deportación no elimina tus cuentas bancarias, es vital planificar y notificar a los bancos para mantener el control y evitar bloqueos.
Contrario a la creencia popular, ser deportado de Estados Unidos no cancela automáticamente las deudas pendientes. Según expertos legales, como la abogada Kathleen Martínez, las obligaciones financieras continúan vigentes y pueden traer complicaciones a largo plazo.
Las entidades financieras, incluidos bancos y emisores de tarjetas, pueden exigir el pago, aunque no obligan a saldar desde el extranjero. No hacerlo genera intereses y penalidades, aumentando el monto total adeudado.
Además, un historial crediticio negativo puede afectar solicitudes futuras de visa o residencia. Los bienes en EE.UU. también corren riesgo. Por ejemplo, dejar de pagar una hipoteca puede derivar en embargos, y las cuentas bancarias podrían congelarse si no se gestionan adecuadamente antes de la deportación.
Por ello, es fundamental planificar la administración legal de activos para minimizar pérdidas y evitar obstáculos en futuros trámites migratorios.
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Cómo manejar el dinero tras una deportación en Estados Unidos
Aunque la deportación no impide legalmente manejar cuentas bancarias en Estados Unidos, sí implica ciertos retos y complicaciones importantes.
La abogada Kathleen Martínez recomienda planificar con anticipación, estableciendo transferencias automáticas o designando a un familiar de confianza para administrar las finanzas desde fuera del país.
Es posible operar cuentas mediante plataformas digitales, siempre que se conserve el acceso autorizado. Sin embargo, es crucial informar al banco sobre la situación migratoria, ya que muchas instituciones bloquean cuentas al detectar que el titular ya no reside en el país, lo que puede dificultar el acceso a fondos, retirar dinero o gestionar bienes personales.
Por ello, expertos insisten en buscar asesoría legal y financiera antes de la deportación para evitar bloqueos o pérdidas inesperadas.
Una buena planificación garantiza la continuidad en el manejo del dinero, protege los activos personales y minimiza riesgos económicos tras la salida definitiva de Estados Unidos, facilitando la estabilidad financiera del deportado y su familia.
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