El Congreso estadounidense evalúa reembolsar parte de los U$D 11 mil millones que Texas gastó en su estrategia contra inmigrantes desde 2021.
Un nuevo paquete legislativo avanza en la Cámara de Representantes de Estados Unidos con miras a autorizar un reembolso de cerca de U$D 800 millones al estado de Texas, como parte del respaldo federal a las políticas migratorias impulsadas por el gobernador Greg Abbott bajo la Operación Estrella Solitaria. Esta operación, iniciada en 2021, ha implicado el despliegue de efectivos militares, la instalación de alambre de púas y la construcción de un muro estatal, replicando las políticas de Donald Trump.
El monto solicitado representa solo una parte de los U$D 11 mil millones invertidos hasta la fecha por el estado texano. El congresista republicano Dan Crenshaw, de Houston, consideró que “es hora de pagarle a Texas”, mientras que el senador John Cornyn se comprometió a impulsar la iniciativa en el Senado para que el reembolso se concrete antes de julio. El paquete forma parte de un acuerdo más amplio aún en discusión en el Congreso.
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Texas intensifica gastos, a pesar de la caída migratoria
Aunque los cruces ilegales han disminuido drásticamente, el gobierno estatal no reduce su apuesta. Según datos oficiales, en marzo de 2025 se registraron solo 7 000 detenciones en la frontera sur, frente a las 137 000 del mismo mes de 2024. No obstante, el Congreso estatal aprobó recientemente una nueva inversión de U$D 6 500 millones, reforzando la línea dura de Abbott contra la inmigración irregular.
Así se distribuirán los nuevos fondos en seguridad
El nuevo paquete de U$D 6 500 millones contempla tres grandes rubros:
- En primer lugar, U$D 2 800 millones serán destinados a continuar la instalación de barreras físicas en el Río Grande.
- Otros U$D 2 300 millones irán al Departamento Militar de Texas para sostener el despliegue de la Guardia Nacional.
- Finalmente, U$D 1 200 millones cubrirán gastos operativos, equipamiento y salarios del Departamento de Seguridad Pública.
Esta estrategia ha sido criticada por organismos de derechos humanos que consideran que duplica funciones federales.
La Ley SB4 y su futuro incierto en tribunales
A fines de 2023, Abbott firmó la controvertida Ley SB4, que criminaliza la entrada y reingreso ilegal al estado y faculta a jueces estatales a ordenar deportaciones sin intervención federal. Las penas pueden alcanzar hasta 20 años de prisión en casos de reincidencia. Sin embargo, su implementación ha sido bloqueada temporalmente por tribunales federales, que advierten posibles vulneraciones constitucionales y violaciones a los derechos de los inmigrantes.
A pesar de los reveses judiciales, el gobierno de Texas mantiene firme su posición. El discurso oficial insiste en que el gobierno federal ha abandonado sus responsabilidades inmigratorias, justificando así las acciones unilaterales del estado. No obstante, organizaciones civiles señalan que las medidas tienen un alto costo económico y social, sin pruebas claras de su efectividad a largo plazo.
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