Trump busca enviar a inmigrantes deportados a más países que los reciban: "Cuanto más lejos de USA, mejor"

El gobierno de Donald Trump planea endurecer aún más su estrategia migratoria internacional al buscar nuevos destinos para deportar a personas expulsadas de Estados Unidos, sin importar de qué país provengan. Así lo aseguró este miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio, en declaraciones que reafirman el rumbo restrictivo de la administración republicana.

Rubio defendió la expansión del actual convenio con El Salvador, país que ya recibe inmigrantes deportados aunque no sean ciudadanos salvadoreños. Ahora, según indicó, Estados Unidos quiere replicar este modelo con más países aliados, priorizando que estas personas sean enviadas lo más lejos posible de la frontera estadounidense.

Rubio refuerza línea dura contra los inmigrantes deportados

Durante su intervención, el secretario de Estado fue tajante: “Estamos hablando con otros países para enviarles a algunos de los seres humanos más despreciables. Cuanto más lejos de Estados Unidos, mejor, para que no puedan cruzar la frontera. No me disculpo por ello”. La frase causó controversia por el lenguaje empleado y refleja un endurecimiento del discurso oficial sobre la inmigración.

Aunque no precisó con qué gobiernos se estarían negociando estos nuevos acuerdos, Rubio dejó claro que el objetivo es reducir al mínimo la posibilidad de que los deportados regresen al territorio estadounidense. El enfoque —según sus palabras— es enviar “lo más lejos posible” a quienes consideren una amenaza, sin considerar su país de origen.

Caso de Kilmar Ábrego García reabre debate

Rubio fue también consultado sobre el caso de Kilmar Ábrego García, un ciudadano salvadoreño que fue deportado por error desde Maryland y recluido en una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Ante las preguntas de la prensa sobre si el gobierno estadounidense ha gestionado su retorno, el funcionario evitó dar cualquier tipo de respuesta.

“No daré esa información a la prensa”, dijo primero. Pero luego fue más contundente: “¿Y saben a quién más nunca se lo diré? A un juez. La política exterior la maneja el presidente de Estados Unidos y el poder ejecutivo, no un juez”, subrayó, en una afirmación que reitera la postura del gobierno sobre la no intervención judicial en decisiones diplomáticas.

El caso Ábrego ha generado críticas desde organizaciones de derechos humanos, que cuestionan la legalidad y las consecuencias de las deportaciones erróneas. Sin embargo, la administración Trump parece decidida a ampliar este tipo de convenios y fortalecer el papel exclusivo del Ejecutivo en temas de política internacional, incluso cuando se trata de errores evidentes.