El programa ya suma 47 000 inscritos, pero organizaciones legales alertan que podría abrir la puerta a discriminación y vigilancia injustificada.
El Registro de Extranjeros promovido por la administración Trump ya ha sumado al menos 47 mil inmigrantes desde su relanzamiento, según confirmó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) el 29 de abril. La medida, conocida oficialmente como Alien Registration Requirement (ARR), ha despertado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.
A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Uscis justificó la política argumentando que busca “fortalecer la seguridad nacional, promover la rendición de cuentas y defender el estado de derecho”. Sin embargo, el anuncio no ha disipado las dudas sobre los alcances reales del programa, ni sobre el uso que se le dará a la información recopilada de miles de inmigrantes sin autorización para residir en EE.UU.
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Una herramienta con antecedentes de vigilancia
El National Immigration Law Center (NILC) advirtió que esta medida no es nueva y ya ha sido utilizada en el pasado como una forma de control y criminalización de personas inmigrantes, sin que ello haya demostrado beneficios reales en términos de seguridad. “No hay evidencia de que este tipo de registro haya mejorado la seguridad nacional”, indicó la organización, que documentó casos previos donde estos sistemas derivaron en discriminación y vigilancia selectiva.
Riesgos legales para quienes se inscriben
La normativa actual obliga a registrarse a toda persona extranjera mayor de 14 años que haya permanecido más de 30 días en Estados Unidos sin autorización legal. A pesar de esta exigencia, varios expertos en leyes migratorias están recomendando no registrarse sin asesoría previa de un abogado. La razón principal es la falta de claridad sobre cómo se usará la información recogida y si podría convertirse en evidencia en procedimientos de deportación o sanciones.
Aunque Uscis presenta el ARR como un mecanismo técnico para proteger el territorio estadounidense, organizaciones como el National Immigration Law Center consideran que este tipo de registros ya se han utilizado en el pasado para vigilar y criminalizar a personas inmigrantes sin que existan pruebas de que realmente fortalezcan la seguridad nacional.
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