Lanzan campaña en contra de la Real ID en Estados Unidos por ser "inconstitucional"

Luego de anunciarse que la implementación de la Real ID en Estados Unidos podría ampliarse hasta el año 2027, el Consejo de Ciudadanos para la Libertad de Salud (CCHF, por sus siglas en inglés) exhortó a los residentes estadounidense a presentar comentarios sobre dicha propuesta, emitida por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La fecha límite para enviar las opiniones sobre el tema es el próximo 15 de octubre, a través del sitio web de Regulations.gov.

Ley Real ID es "inconstitucional"

La regulación propuesta por TSA y DHS sugiere principalmente lo siguiente:

• No habrá más extensiones de la fecha límite del 7 de mayo de 2025.
• Un período de dos años de aplicación progresiva de la fecha límite de la Real ID que finalizará el 7 de mayo de 2027.
• Autorización de consecuencias progresivas para aquellos que se presenten sin una identificación compatible con Real ID.

Este último punto resulta controversial para CCHF, ya que por ejemplo, un Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) estatal podría incluir una fase inicial durante la cual se emiten avisos de advertencia y/o una fase que implique medidas de aplicación progresiva, como un sistema de ‘tres faltas’ u otros métodos. 

Twila Brase, cofundadora y presidenta de CCHF, emitió esta fuerte advertencia: “TSA y DHS planean hacer que los ciudadanos sufran hasta que se sometan. REAL ID es más que una identificación gubernamental; es una usurpación inconstitucional de los derechos individuales y de los estados que otorga al Secretario de Seguridad Nacional la autoridad unilateral para decidir para qué debe utilizarse, mucho más allá del acceso a las aerolíneas comerciales".

Agregó que es una identificación nacional impulsada por las oficinas de vehículos motorizados de los estados que quieren ponerla en el teléfono de todos, donde puede ser controlada de forma remota. "Los estadounidenses deben alzar la voz ahora antes de la fecha límite del 15 de octubre para detener la continua aplicación de este sistema federal de identificación y control inconstitucional”, remarcó Brase.