"Quiet Skies" costaba U$D 200 millones al año y fue señalado por beneficiar a políticos, celebridades y castigar a opositores sin pruebas claras.
El gobierno de Donald Trump y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) oficializaron el fin del controvertido programa de vigilancia aérea conocido como "Quiet Skies". La iniciativa, implementada desde 2010, fue objeto de duras críticas por su falta de transparencia, favoritismo hacia personajes influyentes y un costo anual estimado en U$D 200 millones.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, justificó la decisión alegando que el programa se desvió de su propósito original de identificar amenazas reales a la seguridad nacional. En lugar de eso, terminó siendo utilizado para proteger a aliados cercanos y castigar a opositores políticos, según un informe del propio Departamento. El Congreso realizará un estudio para evaluar las fallas estructurales de la iniciativa.
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El funcionamiento y los excesos del programa "Quiet Skies"
"Quiet Skies" operaba de forma encubierta en vuelos nacionales e internacionales. Su objetivo inicial era monitorear conductas consideradas sospechosas, pero sin requerir evidencias concretas de delitos. Los agentes recopilaban información sobre los pasajeros basados en listas de vigilancia cuyo contenido nunca fue completamente revelado.
Sin embargo, a lo largo de los años, el programa fue acumulando críticas por usar criterios ambiguos y brindar exenciones a figuras influyentes. Celebridades, periodistas, y miembros de la élite política fueron beneficiados, mientras que ciudadanos comunes eran objeto de seguimiento sin explicación clara. El DHS reconoció que la herramienta se utilizó con fines políticos durante gestiones pasadas, incluida la administración de Biden.
Casos emblemáticos que cuestionaron la legitimidad
La polémica en torno a "Quiet Skies" aumentó tras varios casos concretos que salieron a la luz gracias a demandas y filtraciones. La organización American Civil Liberties Union (ACLU) lideró la presión para transparentar los registros del programa, logrando que se conocieran prácticas cuestionables.
Uno de los casos más discutidos fue el de William Shaheen, abogado y esposo de la senadora demócrata Jeanne Shaheen, quien fue retirado de la lista tras contactos directos con la TSA. Otro ejemplo significativo fue el de la excongresista Tulsi Gabbard, incluida en una categoría especial del programa sin justificación aparente. Ambos casos generaron interrogantes sobre los criterios utilizados por las autoridades para aplicar el monitoreo.
Una decisión con repercusiones políticas y legales
La cancelación de "Quiet Skies" marca un cambio de enfoque en las políticas de vigilancia aérea en Estados Unidos. Aunque el programa se mantenía activo desde 2010, su exposición pública en los últimos años generó una ola de cuestionamientos legales y mediáticos.
La administración Trump, al anunciar su eliminación, ha buscado distanciarse de la implementación original y del uso que se dio durante la gestión Biden. Por ahora, el DHS prepara un nuevo informe para el Congreso en el que detallará cómo se violaron los principios de legalidad, proporcionalidad y privacidad ciudadana.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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