Ciertos inmigrantes podrían pagar casi mil dólares diarios si no acatan la siguiente medida de la administración Trump. Conoce más detalles en la nota.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha comenzado a aplicar una política migratoria que reactiva sanciones económicas severas para inmigrantes en Estados Unidos que desobedecen órdenes de deportación. La medida, impulsada por el presidente Donald Trump, contempla multas de hasta U$D 998 diarios para quienes permanezcan en el país sin acatar una orden de salida.
La sanción aplica específicamente a personas que ya tienen una orden de deportación definitiva y se rehúsan a abandonar el país. ICE retomó una disposición legal de 1952, intensificada en la administración Clinton, que fue actualizada recientemente en el Registro Federal. Esta normativa tiene como objetivo incrementar la presión sobre comunidades inmigrantes, en particular en California y la ciudad de Los Ángeles, donde se concentra un alto número de casos.
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Los criterios que activan la multa diaria del ICE
Según la sección 274D de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, serán multados los siguientes inmigrantes:
- Incumplan de forma voluntaria una orden de salida
- No presenten documentos de viaje de manera oportuna
- No se presenten en la fecha y lugar indicados para la deportación
Además, la ley contempla sanciones para quienes participen en acciones destinadas a obstruir la ejecución de la orden de expulsión, abarcando incluso a terceros que ayuden al inmigrante a evadir el proceso.
El impacto de las sanciones en el patrimonio de los inmigrantes
En caso de no poder pagar las multas, los inmigrantes afectados podrían enfrentar la confiscación de sus bienes. “El gobierno federal tiene la facultad de iniciar procesos de embargo”, indicó Telemundo. Esta situación pone en riesgo no solo la estabilidad migratoria, sino también el patrimonio de familias completas que podrían perder sus viviendas u otras propiedades.
Medidas legales para protegerse ante una orden de deportación
Expertos en derecho migratorio han advertido que actuar con anticipación es clave para reducir el impacto de estas sanciones. La abogada Rosalba Piña señaló que “lo más importante es ser proactivo y no reactivo”, ya que tomar medidas tempranas puede prevenir mayores consecuencias legales y económicas.
Una opción viable para proteger propiedades es transferirlas a una entidad legal. El abogado Salvador Cicero explicó que “es posible transferir propiedades a una LLC o a un trust; eso los protege porque el dueño ya no es la persona, sino la entidad legal”. Este tipo de estrategia, aunque legal, requiere orientación profesional adecuada y puede ser clave para evitar pérdidas patrimoniales ante la nueva ofensiva migratoria.
California y Los Ángeles en el centro de la política migratoria
California, junto con Los Ángeles, se encuentra entre los territorios donde ICE está priorizando la implementación de estas multas. La decisión ha generado preocupación entre activistas, abogados y comunidades latinas, que consideran que esta política puede recrudecer la persecución de inmigrantes sin ofrecer soluciones duraderas o humanitarias.
Si bien la normativa está respaldada por leyes federales, su aplicación masiva marca un giro significativo en la estrategia migratoria del país. La reactivación de políticas del pasado, bajo una lógica más punitiva, deja en evidencia un enfoque que prioriza la sanción económica por encima de soluciones integrales para la situación de millones de personas que viven en Estados Unidos sin documentación.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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