Illinois: Condado desafía al gobernador con propuesta de nuevo impuesto local

Se encendieron las alarmas en el condado de Peoria luego de que Illinois eliminara el impuesto estatal sobre los alimentos. Esta medida, impulsada por el gobernador J.B. Pritzker y aprobada por la Asamblea General, suprimió el tributo estatal del 1% que por años ayudó económicamente a los municipios.

Ahora, algunas ciudades de Illinois se van a ver obligadas a tener considerar implementar nuevos gravámenes para poder cubrir el vacío fiscal. De acuerdo a las proyecciones, la ciudad podría perder alrededor de U$D 5 millones anuales cuando el impuesto estatal pierda vigencia el 1 de enero de 2026. 

Ante esta situación, el Concejo Municipal va a tratar una iniciativa para poder aplicar un nuevo impuesto local a los comestibles. Según Journal Star, los ejecutivos locales pusieron sobre la mesa tres posibles alternativas para anticiparse al impacto y, una de ellas, ya cuenta con el respaldo de la alcaldesa.

Condado en contra

Rita Ali, jefa comunal de Peoria, expresó su apoyo a la opción que plantea establecer un impuesto municipal del 1% sobre los alimentos, el cual representa el mismo porcentaje que regía a nivel estatal. Esta disposición no afectaría el bolsillo de los consumidores, pero sí permitiría mantener a flote el presupuesto de servicios esenciales. “Simplemente, no podemos asumir esos U$D 5 millones y significarán recortes tremendos, no solo en personas, sino también en servicios”, advirtió.

Chuck Grayeb, concejal del municipio, también manifestó su intención de votar a favor del impuesto. Explicó que no hacerlo sería “devastador” para la seguridad pública y el mantenimiento de la infraestructura. “Si no la aprueban, más les vale estar preparados para explicar cuál es su plan para evitar una devastación en la seguridad pública y la financiación de las obras públicas de nuestra ciudad”, advirtió.

Entre las posibles consecuencias que se barajan en caso de no aprobarse este nuevo tributo figuran recortes en los departamentos de bomberos y policía, que se verían afectados con el recorte de financiamiento en U$D 2 millones y U$D 1 millón respectivamente. Además, las obras públicas, el desarrollo comunitario y otras áreas administrativas sufrirían la disminución en el Presupuesto.