Harvard demandó al gobierno de EE.UU. tras la revocación de su programa para estudiantes extranjeros, que ya afecta cursos, laboratorios y financiamiento clave.
Una jueza federal de Boston emitió una orden temporal que impide al Gobierno de EE.UU. prohibir a la Universidad de Harvard la matrícula de estudiantes internacionales. La decisión responde a una solicitud de emergencia presentada por la institución, que advirtió sobre el daño “inmediato e irreparable” que causaría la medida.
Harvard, donde uno de cada cuatro estudiantes proviene del extranjero, volvió a demandar a la Administración Trump por lo que considera una ofensiva injustificada contra su autonomía académica. La jueza Allison D. Burroughs fijó una audiencia para el 27 de mayo, en la que se espera que ambas partes presenten sus argumentos.
La orden judicial entra en vigor de inmediato y se mantendrá vigente hasta la audiencia. La medida del gobierno también obligaba a los alumnos ya inscritos a buscar otra universidad o enfrentar la pérdida de su estatus migratorio.
El conflicto entre Harvard y la administración Trump marca un nuevo capítulo en el debate sobre inmigración y educación superior en Estados Unidos.
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Harvard responde con demanda tras revocación de programa para estudiantes extranjeros
Harvard, una de las universidades más reconocidas del mundo, presentó una nueva demanda contra el gobierno de EE. UU. tras la revocación de su programa para estudiantes y visitantes extranjeros. La medida fue comunicada en una carta firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y amenaza con dejar sin estatus legal a cientos de alumnos internacionales.
En su respuesta legal, Harvard argumenta que la certificación para acoger a estudiantes extranjeros es vital para su funcionamiento académico y científico. La universidad advierte que la revocación ya ha afectado gravemente laboratorios, clínicas y múltiples programas educativos.
Esta no es la primera confrontación legal entre la institución y la administración Trump. En abril, Harvard también presentó una demanda por la congelación de U$D 2 600 millones en fondos federales, acusada de prácticas antisemitas y falta de apertura ideológica.
La medida se enmarca en una ofensiva más amplia del gobierno contra universidades que, según sus críticos, promueven una visión sesgada de la diversidad y la inclusión.
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Julián Vásquez Cuadra Periodista
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