Fin del Parole Humanitario costaría a EE.UU. más de U$D 5 000 millones al año

Una decisión reciente del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha puesto en jaque la estabilidad migratoria de más de 531 000 personas. El fallo, favorable a la administración Trump, permite la eliminación del programa Parole Humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV), que brindaba permisos temporales de residencia por razones humanitarias.

Desde su implementación, entre 2022 y 2023, este mecanismo ofreció una vía legal para evitar cruces fronterizos peligrosos, y facilitó la integración de miles de personas que escapaban de crisis humanitarias en sus países de origen.

Según datos de FWD.us, más de 240 000 beneficiarios del programa estaban activos en el mercado laboral al 30 de septiembre de 2024. Su participación ha sido fundamental en sectores como manufactura, construcción, salud y hotelería. “Desmantelar los procesos del parole de CHNV a mitad de camino dañaría nuestra economía […] y trastornaría las vidas de cientos de miles de familias, incluidos muchos ciudadanos estadounidenses”, advierte la organización en su informe más reciente.

Impacto económico y laboral: Miles de puestos en riesgo

La eliminación del Parole representa un duro golpe no solo para las familias afectadas, sino también para la economía estadounidense. FWD.us estima que la actividad generada por estos inmigrantes asciende a U$D 5 500 millones anuales.

“Esta sentencia tendrá consecuencias devastadoras […] ya que las industrias pierden repentinamente a sus trabajadores”, declaró Murad Awawdeh, presidente de la New York Immigration Coalition. La medida podría agravar la ya tensa situación de escasez de mano de obra en sectores esenciales.

Los beneficiarios del programa no solo contribuían económicamente: El 63 % tiene estudios universitarios, más de la mitad domina el inglés y el 87 % desea obtener la ciudadanía, según datos del Censo citados por FWD.us. El Parole, inspirado en programas como Uniting for Ukraine, permitió reducir en un 62 % los cruces ilegales desde esos cuatro países en apenas un mes tras su implementación.