Una propuesta de ley en Luisiana refleja una tendencia creciente entre estados republicanos de ampliar su autoridad en materia de seguridad fronteriza, aunque enfrenta críticas sobre su efectividad y constitucionalidad.
El Senado de Luisiana, con mayoría republicana, ha aprobado un proyecto de ley que otorgaría poderes a los departamentos de policía locales y estatales para detener y encarcelar a personas que hayan ingresado ilegalmente al país. Esta medida, similar a la polémica ley de Texas, refleja un creciente impulso por parte de estados con gobiernos republicanos para expandir su autoridad en materia de seguridad fronteriza, en medio de tensiones con el presidente Joe Biden sobre este tema.
Los partidarios de la iniciativa, liderados por la senadora estatal Valarie Hodges, argumentan que Luisiana tiene el "derecho de defender a nuestra nación" ante lo que perciben como negligencia del gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración. Sin embargo, los opositores la consideran inconstitucional y temen que avive un discurso negativo hacia los inmigrantes, sin contribuir realmente a la seguridad del Estado.
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Luisiana no es la única
Esta movida legislativa se suma a otras similares en estados como Oklahoma y Tennessee, donde se han aprobado o están en proceso propuestas para restringir los derechos y beneficios de los inmigrantes indocumentados. Aunque Luisiana no comparte frontera con México, el debate sobre las políticas migratorias ha cobrado relevancia bajo el nuevo gobierno conservador, con medidas que van desde la prohibición de ciudades santuario hasta el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera.
La propuesta de ley de Luisiana tipificaría como delito el ingreso ilegal al estado, con penas de hasta dos años de cárcel y multas significativas para los infractores. Además, buscaría establecer acuerdos interestatales para fortalecer la seguridad fronteriza. Sin embargo, críticos como el Southern Poverty Law Center advierten que podría generar retrasos en los tribunales, agotar recursos estatales y no contribuir realmente a mejorar la seguridad de Luisiana.
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