por Redacción USA
. Actualizado elLa administración Trump impone sanciones económicas a inmigrantes que permanecen en EE. UU. tras órdenes de deportación, generando preocupación entre defensores de derechos humanos.
La administración del presidente Donald Trump ha reactivado una política que impone multas diarias de hasta U$D 998 a inmigrantes que no han abandonado Estados Unidos después de recibir órdenes de deportación. Estas sanciones, que pueden acumularse hasta U$D 1.8 millones por persona, han generado alarma entre defensores de derechos humanos y abogados de inmigración.
La medida, basada en una ley de 1996, busca incentivar la "autodeportación" y ha sido aplicada retroactivamente hasta por cinco años. Según informes, cerca de 4 500 inmigrantes han recibido multas que suman más de U$D 500 millones en total.
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Aplicación y casos emblemáticos
Uno de los casos más destacados es el de Wendy Ortiz, una solicitante de asilo salvadoreña y madre de un ciudadano estadounidense, quien recibió una multa de U$D 1.8 millones a pesar de tener una petición de alivio pendiente. Muchos de los afectados desconocían sus órdenes de deportación o enfrentan circunstancias personales complejas que dificultan su salida del país.
Críticas y desafíos legales
Abogados de inmigración y organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por la severidad de las multas y su impacto desproporcionado en comunidades vulnerables. Además, señalan que la política podría violar principios de justicia y proporcionalidad, y han instado a las autoridades a reconsiderar su aplicación.
La reactivación de esta política por parte de la administración Trump ha reavivado el debate sobre las estrategias de control migratorio y su compatibilidad con los derechos fundamentales de los migrantes en Estados Unidos.
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Redacción USA Periodista
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