EE.UU.: Estos son los 16 condados que desafían los recortes y ataques a las ciudades santuario

Una demanda modificada presentada el jueves por la noche amplió el número de condados como demandantes en un litigio encabezado por Santa Clara y San Francisco, que desafía las políticas de la administración de Donald Trump dirigidas a recortar fondos y procesar a las regiones santuario.

Esta demanda, iniciada el 7 de febrero, cuestiona las políticas que restringen el uso de recursos locales para colaborar con los funcionarios federales en la aplicación de las leyes de inmigración. Las políticas de no cooperación priorizan los recursos locales para servicios comunitarios, como proteger a poblaciones vulnerables y mantener la seguridad pública.

También impiden que el gobierno federal use recursos locales para hacer cumplir las leyes federales de inmigración, una responsabilidad exclusiva del gobierno de Estados Unidos. Los tribunales han respaldado repetidamente el derecho de los gobiernos locales a establecer políticas de no cooperación, sin que esto afecte el uso de recursos federales para aplicar las leyes migratorias.

Jurisdicciones de EE.UU. se unen contra la retención de fondos federales en nueva demanda judicial

Durante la primera administración de Donald Trump, los condados de Santa Clara y San Francisco iniciaron una demanda contra el gobierno federal tras el intento de retener fondos federales debido a sus políticas de no cooperación. 

En ese litigio y otros casos posteriores, los tribunales federales, incluido el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, fallaron a favor de las jurisdicciones, declarando inconstitucionales las condiciones impuestas por la administración Trump y confirmando que las políticas locales cumplían con las leyes federales.

Ahora, se han sumado a la demanda las ciudades de San José, San Diego, Oakland, Sacramento, Santa Cruz, Emeryville y el condado de Monterey en California; Minneapolis y St. Paul en Minnesota; Santa Fe en Nuevo México; y Seattle en Washington. Estas localidades, junto con los demandantes originales, representan casi 10 millones de residentes.

Las nuevas incorporaciones a la demanda argumentan que la pérdida de cerca de U$D 370 millones en fondos federales, incluidos U$D 12.5 millones destinados a seguridad pública, afectaría gravemente programas esenciales en estas ciudades y condados. El caso está siendo respaldado por Public Rights Project, una organización que defiende los derechos civiles en los gobiernos locales.

Video: Youtube | Univision Los Angeles