El centro operado por GEO Group y contratado por ICE enfrentó un motín tras 20 horas sin alimentos y reporta cuatro detenidos desaparecidos.
La tensión estalló en el centro de detención Delaney Hall, en Newark, cuando decenas de inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) protestaron tras haber pasado más de 20 horas sin recibir alimentos. El motín dejó un saldo alarmante: al menos cuatro personas han desaparecido de las instalaciones.
La instalación, gestionada por la empresa privada GEO Group, fue escenario de una protesta violenta en la que los internos exigían comida, atención médica y condiciones de salubridad básicas. Según versiones de familiares y organizaciones de derechos humanos, los gritos por agua y ayuda médica precedieron una fuga inusual: varios detenidos lograron descender por ventanas usando sábanas atadas tras romper una pared del edificio.
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El alcalde de Newark, Ras Baraka, denunció que el centro operaba sin contar con los permisos requeridos por la ciudad, incluido el certificado de ocupación. Baraka intentó ingresar al lugar la noche de la protesta, pero fue retenido brevemente por el personal del centro. Luego calificó el incidente como un ejemplo claro de negligencia y descontrol federal sobre los centros de detención gestionados por empresas privadas.
Un contrato millonario en medio del escándalo
La reapertura de Delaney Hall se concretó a inicios de este año, tras la firma de un contrato entre ICE y GEO Group por un valor anual de U$D 60 millones. El centro tiene capacidad para albergar a más de mil inmigrantes y su ubicación —a pocos kilómetros del aeropuerto de Newark— ha generado preocupación por la posibilidad de deportaciones expeditas sin garantías legales.
Organizaciones como Make the Road New Jersey han denunciado anteriormente las precarias condiciones del centro. En un comunicado tras el motín, la agrupación señaló: “Este motín no es un caso aislado, es la consecuencia directa de un sistema migratorio que trata a las personas como cifras y no como seres humanos”.
Falta de transparencia y creciente presión
Hasta el momento, ICE no ha emitido ninguna declaración oficial sobre la desaparición de los cuatro inmigrantes. No se ha confirmado si los individuos escaparon o si su paradero permanece oculto dentro de las instalaciones.
Según cifras del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), más del 80% de inmigrantes detenidos en centros privados enfrenta retrasos injustificados en sus procesos migratorios y acceso limitado a asesoría legal.
El silencio del ICE y la falta de información oficial han alimentado la presión pública. Familiares de los detenidos y activistas exigen respuestas inmediatas y cuestionan la legalidad de mantener centros como Delaney Hall bajo control privado, sin vigilancia pública ni garantías mínimas.
Este caso vuelve a encender el debate sobre la existencia de cárceles migratorias privadas en Estados Unidos. Las denuncias apuntan no solo a condiciones inhumanas, sino también a un sistema que prioriza contratos millonarios sobre los derechos de las personas.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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