¿Cómo afecta a los vendedores legales de cannabis las medidas en la frontera de EE.UU.?

La industria legal de cannabis en Nuevo México enfrenta desafíos significativos debido a las medidas de seguridad en la frontera con Estados Unidos. La Patrulla Fronteriza ha intensificado la confiscación de cargamentos de cannabis, incluso aquellos autorizados por el estado, generando preocupación entre los proveedores y transportistas.

En los últimos meses, se estima que más de U$D 300 000 en marihuana han sido incautados en puntos de revisión en carreteras del sur de Nuevo México.

La gobernadora demócrata de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, ha expresado su inquietud ante esta situación, destacando que el escrutinio de las empresas de cannabis parece ser mayor en Nuevo México que en otros estados con mercados regulados.

En una reunión con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, la gobernadora discutió la necesidad de proteger la industria del cannabis en su estado.

Piden un libre tránsito

Los gerentes de varias empresas de cannabis, incluyendo transportistas, han solicitado la intervención del Congreso de Nuevo México para facilitar el libre tránsito de los envíos. Se han reportado detenciones prolongadas y "inspecciones secundarias" en puntos de revisión de la Patrulla Fronteriza, lo que ha generado pérdidas económicas y preocupaciones sobre la viabilidad del negocio.

El senador Martin Heinrich ha instado al Departamento de Seguridad Nacional a priorizar la lucha contra el tráfico de fentanilo en lugar de enfocarse en la incautación de cannabis legal. Además, se ha subrayado que, aunque el cannabis pueda ser legal en algunos estados, sigue siendo una droga de la Lista 1 a nivel federal, lo que justifica las acciones de la Patrulla Fronteriza.

Los vendedores legales de cannabis, como Matt Kennicott de High Maintenance, han expresado confusión y preocupación ante las incautaciones repentinas. La incertidumbre sobre los cargamentos, incluidas las muestras para pruebas de seguridad del consumidor, afecta la operatividad de la industria. Con la dependencia de laboratorios de pruebas ubicados al norte de los puntos de revisión, la cadena de suministro se ve comprometida, lo que plantea interrogantes sobre el futuro del mercado legal de cannabis en Nuevo México.