La propuesta exige que los inmigrantes solo puedan trabajar si su caso de asilo se resuelve en 180 días, algo que rara vez ocurre.
La administración de Donald Trump planea implementar una de las restricciones más duras para los solicitantes de asilo en Estados Unidos: eliminar el acceso al permiso de trabajo mientras sus casos estén pendientes. Según revelaron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a CBS News, la propuesta busca limitar aún más las opciones laborales legales para miles de inmigrantes que ya enfrentan un proceso largo y complejo.
Desde hace más de tres décadas, las leyes migratorias permiten que quienes solicitan asilo pidan un permiso de trabajo 150 días después de haber iniciado su trámite, accediendo a él finalmente al cumplirse los 180 días. El cambio propuesto eliminaría esa posibilidad si no se ha resuelto por completo el caso, lo que, de acuerdo con los registros oficiales, es improbable en ese plazo.
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Trump busca eliminar incentivos económicos para inmigrantes
Los asesores del presidente argumentan que el sistema de asilo está siendo utilizado por inmigrantes que buscan principalmente beneficios económicos. En ese sentido, restringir el permiso de trabajo sería una estrategia para frenar lo que consideran un “abuso” del sistema.
El objetivo de la medida sería reducir los incentivos que motivan a muchos inmigrantes a presentar solicitudes de asilo, impidiéndoles generar ingresos de manera legal mientras el gobierno procesa sus casos. Esta política marcaría un giro aún más restrictivo en comparación con las acciones adoptadas durante el primer mandato de Trump, conocidas por su línea dura frente a la inmigración.
Consecuencias económicas y humanitarias para los inmigrantes
De implementarse, esta propuesta afectaría gravemente a miles de personas que podrían verse obligadas a sobrevivir sin ingresos legales durante meses o incluso años. Muchos de ellos recurrirían a empleos informales, sin protecciones laborales ni acceso a derechos básicos, quedando expuestos a explotación y condiciones precarias.
Los retrasos estructurales del sistema agravan el impacto: el propio gobierno federal ha admitido que más del 77% de las solicitudes de asilo llevan más de seis meses sin resolverse. Además, cerca del 40% continúan pendientes incluso después de dos años, según datos recientes.
Esta situación plantea un dilema para miles de familias inmigrantes que no solo esperan justicia, sino también la oportunidad de trabajar y subsistir mientras sus casos son revisados.
El colapso del sistema de asilo vuelve inviable la propuesta
La medida no solo ha generado preocupación por su impacto humanitario, sino también por su viabilidad legal y práctica. Con un sistema de asilo saturado y sin recursos suficientes, cumplir con los plazos de 180 días resulta casi imposible.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes advierten que esta política condenaría a la indigencia a miles de personas que actualmente dependen del permiso de trabajo para sostenerse. A largo plazo, podría aumentar la economía informal y debilitar aún más las capacidades del sistema para atender los casos con justicia y celeridad.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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