por Redacción RPP
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ZTE fue acusado de abusar del sistema de visas para traer ciudadanos chinos al país. La justicia aceptó las demandas, pero no infringió más sanciones contra la compañía.
ZTE ha dejado de estar en “libertad condicional” en Estados Unidos luego de un fallo de la justicia estadounidense.
De acuerdo con The Wall Street Journal, la compañía de telecomunicaciones china había estado bajo la supervisión del gobierno de EE. UU. desde que se declaró culpable de vender ilegalmente equipos fabricados en el país en Irán y Corea del Norte en 2017.
ZTE incurrió en una multa de 1200 millones de dólares como resultado de violar las sanciones de EE. UU. contra ambos países.
Como señala el reporte, el juez de distrito de EE. UU. Ed Kinkeade decidió no castigar a ZTE por presunto fraude de visa, que es el tema de un caso separado que actualmente está en curso en Georgia. En marzo pasado, un investigador y profesor de ZTE en el Instituto de Tecnología de Georgia fue acusado de abusar del sistema de visas para traer ciudadanos chinos a EE. UU. para trabajar en la compañía. Sin embargo, Kinkeade alentó al gobierno a emprender las acciones legales necesarias contra la empresa.
En su fallo, el juez determinó que ZTE era legalmente responsable de las acciones del exdirector, pero decidió no tomar ninguna medida adicional contra la empresa, que ya había alcanzado el período máximo de libertad condicional y que ya había sido multado con el máximo precio también.
Pero ZTE aún tiene un problema
Pese a lo positivo que pueda sonar esto, aún queda un problema por resolver.
El final del período de prueba podría ayudar a ZTE a recuperar la tracción después de pasar un tiempo en la lista negra económica de EE. UU. en 2018 y reemplazar a sus principales ejecutivos como condición para reanudar el comercio.
Pero, a pesar de poner fin a una saga legal de cinco años, este fallo no cambia el hecho de que los funcionarios del gobierno de los EE. UU. tienen prohibido usar ZTE y los productos de Huawei con sede en China y tampoco revierte su estado como una amenaza a la seguridad nacional, que prohíbe a los proveedores de telecomunicaciones utilizar subsidios gubernamentales para comprar equipos de estas empresas.
La Comisión Federal de Comunicaciones también tiene planes para eliminar y reemplazar los equipos de telecomunicaciones de ZTE y Huawei en una medida que costará 5,600 millones de dólares al país.
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