La compañía ZTE ha sido acusada de conspirar para tramitar visas de trabajo a EE. UU. a ciudadanos chinos.
La firma de telecomunicaciones ZTE enfrentará un nuevo proceso judicial en los Estados Unidos, luego de que un tribunal federal de Texas presentara un expediente que involucra a la marca tecnológica en la emisión de visas de trabajo J-1 a ciudadanos chinos, una posible violación a la resolución de libertad condicional de la empresa en suelo norteamericano.
El informe señala que esta supuesta conspiración para la emisión de visas J-1, establecidas para ciudadanos que quieran estudiar y trabajar en EE. UU por corto plazo, permitía que ZTE reclutara a ciudadanos chinos en sus oficinas de New Jersey. En esta operación participaban un ex director de investigación de ZTE junto a un profesor del Instituto de Tecnología de Georgia, de acuerdo con el expediente.
Esta acción, de acuerdo con Reuters, podría ser reconocida como una violación al estado actual de “libertad condicional” que mantiene ZTE dentro de Estados Unidos, luego de declararse culpable al haber enviado tecnología estadounidense a Irán, un acuerdo que viola los tratados de libre comercio.
ZTE y “La lista Negra” de EE. UU.
Durante los últimos años, la marcha china ZTE ha sido llevada a tribunales por violar las leyes estadounidenses que añaden restricciones a los insumos tecnológicos para su comercialización y venta a Irán y Corea del Norte.
La investigación determinó que, en 2017, ZTE envió 283 equipos de telecomunicaciones a Corea del Norte y sirvió de “puente” para la comercialización de tecnología estadounidense en Irán. Tras declararse culpable, ZTE acordó pagar 892 millones de dólares.
En 2018, ZTE fue acusada de mentir sobre las sanciones a sus ejecutivos frente a estas irregularidades. Esto provocó que la compañía fuese vetada en territorio de Estados Unidos y se prohibieran los acuerdos comerciales con marcas locales, junto con una multa de 1,200 millones de dólares.
Tras estos actos, la justicia de los Estados Unidos determinó que ZTE estuviese bajo “libertad condicional” por tres años, además de incluirla en un programa de cumplimiento y de permitir el monitoreo de un equipo liderado por Roscoe Howard, ex fiscal federal en Washington, quien se encarga de garantizar que ZTE no venda ilegalmente otros productos con piezas estadounidenses a países sancionados.
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