La compra de 40 mil millones de dólares de ARM por parte de NVIDIA ha sido impedida oficialmente por los reguladores estatales de múltiples regiones, argumentando "un monopolio" en la industria de los chips.
Luego de múltiples reportes sobre su inminente cancelación, la compra de ARM por parte de NVIDIA por 40 mil millones de dólares ha sido cancelada oficialmente tras el intenso escrutinio regulatorio.
La Unión Europea y la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos han establecido que esta operación es un peligro a la libre competencia en el desarrollo de chips a nivel mundial, un bien en escasez.
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"Las partes acordaron rescindir el acuerdo debido a importantes desafíos regulatorios (...), a pesar de los esfuerzos de buena fe de las partes", señala NVIDIA, quien aún deberá pagar 1250 millones a ARM como parte de una compensación acordada previamente.
Consecuencias
NVIDIA, pese a la ruptura, intentará asociarse con ARM, empresa a la que consideran como protagonista del “futuro”. “Espero que ARM sea la arquitectura de CPU más importante de la próxima década", señaló el CEO Jensen Huang.
Además de una investigación realizada por la Autoridad de Mercados y Competencia (CMA) del Reino Unido y la intervención del gobierno del país, la FTC presentó una demanda para bloquear la adquisición por temor a que sofocara la innovación, hubo una investigación antimonopolio extendida de la UE y China amenazó con bloquear la compra incluso si otros no lo hicieran.
El hecho que NVIDIA compre ARM podía perjudicar la neutralidad de la empresa, ya que esta otorga licencias de sus diseños de chips a una amplia gama de empresas, incluidas Apple, Samsung y Qualcomm, muchas de las cuales compiten entre sí y con NVIDIA.
También hubo un rechazo significativo por parte de aquellos dentro de la industria tecnológica. Qualcomm, Google y Microsoft expresaron su preocupación, incluso el cofundador de ARM, Hermann Hauser, dijo que el acuerdo “sería un desastre”.
ARM ahora comenzará los preparativos para una oferta pública inicial dentro del año fiscal (que finaliza el 31 de marzo de 2023), un movimiento que muchos creían que ocurriría si el acuerdo fracasara.
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