JNJ rechazó que sus miembros hayan presionado a la Corte Suprema para respaldar a Zoraida Ávalos

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió la tarde de hoy, miércoles, un comunicado en el cual rechazó que sus miembros hayan intervenido sobre los magistrados de la Corte Suprema para que se emita un pronunciamiento a favor de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

"La JNJ rechaza tajantemente que sus miembros hayan tenido comunicación con algún integrante de la Corte Suprema de Justicia para votar a favor de un pronunciamiento sobre el caso de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, como informan dos medios de comunicación", indicó la entidad a través de Twitter.

Dicha aclaración se realiza luego de que dos medios de comunicación afirmaran que tres miembros de la Junta Nacional de Justicia habrían presionado al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que el pleno de la Corte Suprema emita un pronunciamiento de respaldo a Ávalos Rivera.

Corte Suprema anunció que no se pronunciarán sobre el caso

Como se sabe, el pasado 3 de julio, el Poder Judicial emitió un comunicado indicando que la Sala Plena de la Corte Suprema "acordó por mayoría no emitir pronunciamiento" por el caso, lo cual fue "solicitado por algunos jueces supremos titulares".

En dicho pronunciamiento se indicó que la negativa era "porque podría judicializarse con el riesgo de adelanto de opinión en materia constitucional y penal".

De esa manera, el máximo órgano de deliberación del Poder Judicial desestimó el pedido realizado por ocho jueces supremos, a través del presidente de ese poder del Estado, para que dicha instancia fijara una posición institucional sobre la decisión del Congreso de inhabilitar por cinco años en el ejercicio de la función pública a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Inhabilitación

El pasado 21 de junio, el Pleno del Congreso aprobó con 71 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones la inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública de Ávalos Rivera.

La extitular del Ministerio Público es acusada por haber suspendido en enero de 2022 las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo por los casos Provías, Petroperú y ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas hasta el término de su mandato. Ahora deberá dejar su cargo de fiscal suprema de manera inmediata.

La defensa de la extitular del Ministerio Público aseguró ante el pleno que la acusación no tenía fundamento constitucional ni jurídico. Además, no descartó que lleve su caso a instancias internacionales.