En entrevista con RPP Noticias, el investigado empresario aseguró haber sido testigo de hechos que comprobarían la tesis de la fiscal Karla Zecenarro, respecto a que el jefe de Estado "es líder de una organización criminal conjuntamente con su familia y personas allegadas".
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El investigado empresario Zamir Villaverde negó haberse beneficiado de alguno de los hechos ilícitos que vinculan al presidente Pedro Castillo; sin embargo, aseguró haber sido testigo de hechos que comprobarían la tesis de la fiscal Karla Zecenarro respecto a que el jefe de Estado "es líder de una organización criminal conjuntamente con su familia y personas allegadas".
"No digo que todo esto fue legal (caso Puente Tarata). La empresa que ganó no recibió ningún dinero del Estado, no pagó ningún dinero de coima, pero sí han habido actos indebidos, ilícitos, dentro de la investigación del caso Tarata, y a través de esos actos ilícitos es que se ha podido dar información para que pueda abrir (una investigación) contra el presidente", indicó.
"Si he cometido un error, lo acepto, el haberme involucrado con estas personas: el señor Bruno Pacheco, Juan Silva (prófugo exministro), los sobrinos y muchas personas más que van a ser producto de una investigación en el Ministerio Público. Con la información que he dado en el caso Puente Tarata me corresponde el beneficio premial, pero por el bien del país (…)", añadió.
En entrevista con RPP Noticias, el empresario aseguró que las pruebas que ha presentado al Ministerio Público. Dijo que continuará entregando pruebas, luego de haber sido excarcelado, que aportarán elementos a la investigación que realiza la fiscal Karla Zecenarro, la cual sostiene como tesis que Pedro Castillo es líder de una organización criminal "conformada por varias personas de su confianza y familia".
"Si bien es cierto existe un beneficio premial (su excarcelación), en un eventual juicio nadie es sentenciado por dichos ni por reportes periodísticos. Lo mío ha ido más allá de un beneficio premial, ha ido en sentirme comprometido con mi país, que el Perú sepa la verdad de cómo llegó y cómo está operando este régimen", indicó.
"Sé la verdad con la cual podría sustentar y decir que lo que la fiscal de la Nación está investigando, en cuanto a que el presidente forma parte de una organización criminal, conjuntamente con otras personas, sí es cierto (…) La fiscal Zecenarro ha logrado determinar que el presidente, con otras personas, forman parte de una organización criminal", agregó.
Denuncia irregularidades en las elecciones
En otro momento, comentó que comenzó a notar estos actos irregulares cuando durante la segunda vuelta electoral escuchó a Vladimir Meza, exalcalde de Huaraz -durante reuniones en las que también participaron Bruno Pacheco y Silvia Barrera- mencionar una supuesta "cercanía" con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas.
Según el investigado empresario, Vladimir Meza habría relatado que mantenía amistad con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y que su participación "era asegurar que Pedro Castillo gane las elecciones", mientras que la de Silvia Barrera era "un apoyo logístico hacia Bruno Pacheco".
"Él mismo (Vladimir Meza) ha mentido, pero él mismo se desmiente. Lamentablemente estamos ante personas que nunca van a querer aceptar, ser valientes y reconocer que han cometido algo ilícito, pero lo que yo estoy comentando, y estoy haciendo ante el Ministerio Público, es contribuir con la verdad, con todos los aportes que yo pueda dar", indicó.
"Las pruebas existen, pero para que tengan eficacia tienen que ser resueltas en la entidad que corresponde, que en este caso es el Ministerio Público. Yo sé que toda la ciudadanía quiere la información, pero esto no se va a resolver a través de los medios. Hay pruebas que acreditan todo lo que estoy declarando", precisó.
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La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.
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