Fiscalía interviene la casa y la oficina del exministro de Defensa, Walter Ayala

La Fiscalía Anticorrupción junto a efectivos de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía se encuentran realizando hoy, lunes, intervenciones en la vivienda y las oficinas del exministro de Defensa, Walter Ayala, en el distrito limeño de Santiago de Surco. 

Según la información preliminar, el operativo sería parte de las investigaciones que se siguen contra el exministro y otros generales de la Policia por el caso de los ascensos irregulares en las FF.AA. y la PNP que habrían ocurrido durante la administración gubernamental del expresidente Pedro Castillo. 

Allanamiento y detención

El operativo habría iniciado al promediar las 4 am. por disposición del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima. El allanamiento inició en la oficina del ex titular de Defensa, donde se tuvo que forzar el ingreso, y prosiguió en su vivienda, donde Ayala permitió el ingreso del personal a cargo de la diligencia. En el lugar se incautaron elementos como una láptop, documentos y una copia espejo de su computadora personal.

En total, el operativo comprende la intervención de 27 inmuebles de los implicados en el caso, algunos en las regiones de Cusco, Tacna y Tumbes.

Hasta el momento, la Policía informó de la detención preliminar de 6 personas: los generales PNP Nicasio Zapata Suclupe, Luis Enrique Legua Egocheaga y Manuel Jesús Rivera López; además del Mayor PNP (r) Luis Ángel Tuesta Ramón, el Suboficial PNP Jorge Tarrillo Gálvez y el civil Óscar Monge Macarlupu.

En el caso de Jesús Manuel Rivera López, uno de los seis que figuran en la lista, permanece detenido en su domicilio en Tacna, frente al Hospital Regional Hipólito Unánue. Rivera López se desempeña como jefe de la 14° Macro Región Polical Tacna-Moquegua.

Además, la investigación comprende a 8 coronoles a nivel nacional quienes habrían pagado entre 20 mil y 30 mil dólares por su ascenso a general.

 

Como se recuerda, en agosto del 2021, los ex comandantes generales del Ejército, (r) José Vizcarra, y el de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), (r) Jorge Chaparro, denunciaron que, desde el Ejecutivo, se les habría presionado para ascender irregularmente a miembros de sus instituciones. Tras no acceder, habrían sido pasados al retiro de manera intempestiva.

Dichas presiones habrían sido de parte del exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, quien decía actuar por disposición del entonces presidente Pedro Castillo, y de su ministro de Defensa, Walter Ayala.

 

Poder Judicial rechaza recurso a favor de Walter Ayala

El pasado mes de octubre, el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada la tutela de derecho que presentó el exministro Walter Ayala para dejar sin efecto la decisión de la Fiscalía de la Nación en la que se determinó que sea investigado por el presunto delito de organización criminal por la posible injerencia del gobierno de Pedro Castillo en el proceso de ascensos de oficiales en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el 2021.

En su recurso, Ayala sostuvo que la disposición fiscal, que lo incluye como parte de una presunta organización en la que tendría un nivel dirigencial en su otrora condición de ministro de Defensa, no indica cuales son los hechos nuevos ni que diligencias se practicaron.

No obstante, el magistrado Checkley Soria desestimó este argumento al determinar que la disposición fiscal cuestionada por el extitular de Defensa se encuentra debidamente motivada tanto en su aspecto fáctico como normativo y precisó que la Fiscalía de la Nación es el titular de la acción penal y la norma prevé que actúe ante un nivel de sospecha simple.

Bajo este concepto, la Fiscalía amplió esta investigación preliminar incluyendo a Walter Ayala, junto a Pedro Castillo, por el presunto delito de organización criminal, por un plazo de hasta 36 meses.

Vale decir que el extitular de Defensa también es investigado en este caso por los presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y abuso de autoridad en agravio del estado.