El fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, es investigado por el presunto delito de lavado de activos por supuestamente haber financiado ilegalmente las campañas electorales de su partido político.
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La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional evaluó la apelación presentada por el Ministerio Público en contra del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para que se revoque la decisión del juez Jhon Pillaca y se varíe la comparecencia con restricciones por los 36 meses de pisión preventiva solicitada inicialmente.
Luego de escuchar los argumentos del fiscal Rafael Vela y Claudette Chapman, abogada de Cerrón Rojas, los jueces de la Tercera Sala Penal indicaron que comunicarán su decisión a las partes a través de sus casillas electrónicas.
Al salir de la audiencia, el fiscal Vela consideró que la conducta de Cerrón había sido obstructiva y que ha instrumentalizado a Perú Libre como persona jurídica.
"La conducta procesal del señor Cerrón para el Ministerio Público ha sido obstructiva. Y presuntiva también de lo que hacen las organizaciones criminales cuando tienen el control. Uno de los documentos que ha presentado para garantizar su nivel de arraigo laboral es una constancia del partido Perú Libre, que el dirige e instrumentaliza. Por tanto, para el Ministerio Público eso no genera convicción, sino más bien instrumentalización de la persona jurídica", precisó.
Delitos que se le imputan
A Cerrón Rojas se le imputa el presunto delito de lavado de activos por supuestamente haber financiado de manera ilegal las campañas electorales de Perú Libre. De acuerdo con la tesis fiscal, el fundador del partido tiene acumulado un desbalance patrimonial de más de seis millones de soles. Asimismo, Bertha Rojas, su madre, estaría también implicada al ser sindicada como testaferro y encargada de adquirir bienes a nombre de su hijo.
Las investigaciones fiscales apuntan a que el dinero ilícito provenía de sobornos por trámites y emisión de licencias de conducir, así como "del direccionamiento en la contratación de personal bajo la modalidad CAS". Los beneficiados de este último grupo, una vez contratados, aportaban dinero a la organización política.
Ante los argumentos de la Fiscalía, el juez z Jhon Pillaca dispuso que Vladimir Cerrón afronte las investigaciones en comparecencia con restricciones, además de pagar una caución que asciende a 20 mil soles.
Según el magistrado, si bien existe sospecha fuerte de que el líder de Perú Libre podría organizar una presunta organización criminal, el investigado cuenta con arraigo, familiar, domiciliario y laboral, situación que disminuye el peligro de fuga y de obstaculización. Estos puntos son trascendentales para determinar si se otorga o no la medida cautelar.
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