Víctor Zanabria sobre prisión preventiva a policía por muerte de manifestante: “La responsabilidad es individualísima”

El general PNP Víctor Zanabria, jefe de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, se refirió sobre la decisión del Poder Judicial que, el último viernes, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el efectivo policial Joe Erick Torres Lovón por la muerte del manifestante Rosalino Flores, herido con perdigones en las protestas antigubernamentales en Cusco en enero del año pasado.

Al respecto, indicó que “nosotros no podemos contradecir las disposiciones judiciales, por eso se hace un balance de investigación”, pero señaló que en este caso “la persona que fallece recibe 32 impactos de perdigones de plomo que la Policía Nacional no utiliza”.

En ese sentido, manifestó que las investigaciones determinarán si esto se produjo “por desconocimiento del uso del cartucho o porque de manera intencional se haya cambiado la munición”.

El mando oficial recalcó “que las investigaciones, la responsabilidad, es individualísima, no es una corriente institucional”.

“Esta investigación que se viene desarrollando en el Cusco y en otras ciudades cuenta con toda la colaboración de la Policía Nacional”, aseguró Zanabria en declaraciones para la prensa.

El caso 

Rosalino Flores, un estudiante de Gastronomía, resultó herido con más de 30 impactos de proyectil durante un enfrentamiento entre manifestantes con policías en la avenida 28 de Julio, en Cusco, el 11 de enero de 2023. El joven fue trasladado al Hospital Antonio Lorena donde confirmaron que su cuerpo registraba lesiones por perdigón. Debido a la gravedad de su situación fue evacuado a Lima donde estuvo internado desde enero hasta el último 21 de marzo, día de su fallecimiento. 

Un día después de la muerte de Rosalino, vecinos de Cusco realizaron un plantón y vigilia en honor de la víctima frente a la sede del Poder Judicial en la región. Los padres del joven exigieron justicia por su muerte y también pidieron conocer la identidad del presunto policía autor de los disparos que acabaron con la vida del estudiante.

Cabe señalar que este sería el primer caso de una medida cautelar contra los presuntos autores de las más de 50 muertes durante las protestas desatadas en diciembre de 2022 tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y la sucesión en el mando de Dina Boluarte.