¿Qué implica realmente que la CIDH haya admitido a trámite el recurso del cabecilla terrorista Víctor Polay Campos?

Esta semana, se conoció en medios de comunicación que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite, en marzo del 2022, una demanda del cabecilla terrorista Víctor Polay Campos contra el Estado peruano. 

La petición se presentó por la presunta vulneración a "su derecho al principio de legalidad y a las garantías judiciales; y que las condiciones carcelarias que se le impusieron afectaron su integridad personal".

Esta noticia ha suscitado el rechazo de la opinión pública y voces de algunos congresistas solicitando el retiro del Perú del Pacto de San José de Costa Rica y, con ello, de la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH). 

Ante este panorama, cabe preguntarse, ¿qué implica realmente que la CIDH haya admitido a trámite el pedido formulado por el cabecilla terrorista? 

"Se ha hecho una tormenta en un vaso de agua"

Harold Forsyth, exrepresentante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), indicó que la admisión a trámite de la petición del cabecilla del MRTA "no es algo para preocuparse, en lo absoluto".

"Sucede que esto tuvo lugar hace un año y medio, no ahora. Se está dando la impresión de que es un hecho nuevo que acaba de ocurrir y que es un hecho definitivo. Y no es nada de eso”, señaló en Ampliación de Noticias.

"¿Qué significa aceptar? No significa que (la CIDH) acepta el contenido (del recurso) o que dice que sí. Lo que hace es declarar la admisibilidad para que se inicie un proceso. Eso es todo y no ha ocurrido ahora, ha ocurrido hace año y medio”, añadió.

Asimismo, Forsyth Mejía resaltó que el Estado estuvo "totalmente notificado de la evolución de este proceso, en su debido momento, siempre". 

En ese sentido, cabe indicar que, según figura en el Informe de Admisibilidad de la CIDH, el Perú fue notificado de este recurso el 2 de marzo del 2021 y emitió una primera respuesta el 3 de junio de ese mismo año. Los alegatos del Estado aparecen en el referido informe que fue publicado el 20 de marzo del año pasado. 

"Las resoluciones de la CIDH se publican en su página web y, al publicarse, no hay ningún secreto. Esto no ha pasado ahora. Sucede que alguien lo ha levantado y se ha generado esta polvareda, preocupando al país de modo innecesario (...) Yo creo que se ha hecho una tormenta en un vaso de agua porque el suelo está parejo y no pasa nada", aseveró Forsyth.

Además, explicó que "pasará muchísimo tiempo" antes que se vea el caso, porque "los nuevos comisionados de la CIDH asumen el 1 de enero" del 2024.

"En ningún caso hay un problema con esto, es la admisibilidad de una demanda que ocurrió hace año y medio y que está en veremos. Falta mucho para que esto se resuelva", sostuvo.

"Reacción del Gobierno es absolutamente improcedente"

A su vez, Forsyth señaló que "cualquier ser humano de las Américas -sea terrorista, delincuente, buena o mala persona- tiene derecho a presentar petitorios o demandas o medidas cautelares a la CIDH, y ella las resuelve en base a su carga procesal". 

En esa línea, consideró que el accionar del Gobierno del día de ayer -concretizado en un "rechazo" de la presidenta Dina Boluarte a la petición del cabecilla terrorista y al anuncio del jefe del Gabinete de "activar" un "grupo de trabajo intersectorial para la defensa jurídica del Estado"- fue "absolutamente improcedente".

"Siempre el interés del Estado ha estado muy bien defendido. La verdad es que no entiendo (…) a qué se debe este tipo de reacción", indicó.

"Lo que diría es que la reacción del Gobierno ha sido absolutamente improcedente. Estoy seguro de que la señora Boluarte tiene alguna experiencia en la CIDH (…), entonces no puede decir lo que ha dicho (de que) rechaza el petitorio de Polay. A ella no le corresponde rechazar el petitorio de Polay porque no le ha hecho a ella ningún petitorio, sino a la CIDH", explicó. 

Asimismo, subrayó la distinción entre las resoluciones de la CIDH y las de la Corte IDH, y sus implicancias con el Estado peruano. 

"No se va a resolver en la Corte IDH, porque no está en esa corte (que) está en San José. Esto es la comisión que está en Washington y lo que hace es emitir recomendaciones, como las que emitió en relación a las muertes ocurridas en diciembre del 2022 y enero de este año", aseveró.

"No son vinculantes necesariamente, pero como en todos los organismos de derechos humanos del mundo conviene seguirlas porque, en un momento dado, la CIDH estaría en condiciones, si así lo estiman sus comisionados, de elevar el asunto a la Corte IDH (…) que es un organismo jurisdiccional", agregó.

Finalmente, consideró que "no es conveniente" que el Estado "ventile alegremente" estos temas, pues "afecta" su "estrategia jurídica".

"Y no me refiero al caso Polay (…), sino a cualquier otro caso. Los peruanos debemos tener cierta templanza en estos temas", anotó.

"Al crear esta comisión, se ha dado la impresión de que recién el Perú se está poniendo en serio para asumir sus responsabilidades cuando se dan este tipo de situaciones, cuando no es así", puntualizó.