El abogado penalista aseguró que Martín Vizcarra también estaría incurriendo en encubrimiento y que su inoculación habría sido -quizás- con fines políticos, económicos o empresariales.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó este miércoles una denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión por la irregular vacunación de funcionarios del Estado.
En conversación con Las cosas como son de RPP Noticias, el abogado penalista Luis Lamas Puccio indicó que la situación que atraviesa Vizcarra es "muy grave y dramática" por la coyuntura que vivía el país a causa de la pandemia. A su criterio, su accionar incurre en un hecho legislativo-penal-punible y ético-moral-político.
"La situación es más grave y dramática por la coyuntura que vivía el país y el mundo. Es un hecho, por un lado, legislativo penal punible, en término de lo que va a significar la responsabilidad penal. Pero, por otro parte, desde el punto de vista ético- moral-político es execrable, pues la contrapartida es que los peruanos se vieron afectados y muchos terminaron falleciendo ante la inoperancia, indiferencia o mentira del estado para verse favorecido", afirmó Lamas Puccio.
Sin embargo, la concusión no sería el único delito que Martín Vizcarra habría cometido. Al ser consultado sobre la decisión del expresidente de no informar sobre su vacunación, el abogado penalista indicó que estaría incurriendo en encubrimiento. Además, su inoculación habría sido -quizás- con fines políticos, económicos o empresariales.
"Eso es otro delito: encubrimiento. Si lo hubiera hecho e informado, habría sido un mensaje potente para la opinión pública, pero lo hizo de manera oculta. Cuando fue descubierto es que recién reconoció, pero en términos de lo que significa los efectos de la vacuna, ya estaba vacunado, a diferencia de miles de peruanos. Además, entregó la vacuna a personas de su entorno con fines, no se sabe, políticos, económicos o empresariales. En ese momento, la vacuna se convertía en ese elemento que permitía generar ciertos beneficios económicos o políticos. Hay una serie de circunstancia que -a nivel personal- agravarían su situación", aseguró el abogado penalista.
Sobre el tiempo que se ha demorada la Fiscalía para hacer la denuncia, deslizó que esta se debió a dos razones: la cantidad de denuncias y conflictos de índole penal, con prohibiciones políticas, y por la cantidad significativa de personas que van a tener que ser denunciadas y que no gozan de la prerrogativa de inmunidad que está en la Constitución.
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Por otro lado, el abogado constitucionalista Víctor García Toma indicó que -probablemente- se le abra un antejuicio político por una conducta punible según el Código Penal. El especialista recordó que Martín Vizcarra fue sometido a una acusación constitucional y que fue inhabilitado por 10 años.
"El señor Vizcarra, en su momento, fue sometido a un proceso de acusación constitucional en la variable de juicio político. Y ese juicio político concluyó con una inhabilitación de 10 años. Probablemente, se le abre un antejuicio político por una conducta que es punible según el Código Penal", indicó en un primer momento.
"El antejuicio político es una salvaguarda que la Constitución establece en favor de los altos funcionarios públicos, previstos en el artículo 99, a efectos de evitar que se produzcan denuncias por actos cometidos en el ejercicio de la función que tengan un móvil de carácter político. Entonces, lo que se evaluará en el antejuicio político es si los hechos son inverosímiles, si la conducta de Vizcarra tiene vinculación con los hechos y si detrás de la denuncia fornulada por la fiscal de la Nación tiene un móvil de intimidación o venganza política", añadió.
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