Universidad Alas Peruanas pidió al PJ excluir a la Procuraduría de proceso que se le sigue junto a Joaquín Ramírez

La Universidad Alas Peruanas S.A. solicitó al Poder Judicial que revoque la resolución que incorpora a la Procuraduría Pública Especializada en Lavado de Activos como actor civil o parte agraviada en la investigación preparatoria que se le sigue junto al exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez y otros por dicho delito en agravio del Estado.

A través de su defensa legal, dicha casa superior de estudios apeló la resolución de primera instancia emitida el último 3 de junio en la que se declaró fundado el requerimiento que hizo la defensa legal del Estado peruano para constituirse como actor civil o parte agraviada dentro de este proceso penal.

Ante ello, el juez Víctor Zúñiga Urday resolvió el último 7 de agosto conceder el recurso de apelación y remitirlo a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que, si lo admite a trámite deberá convocar a una audiencia virtual para evaluarlo con la participación de las partes involucradas, a fin de emitir una decisión final al respecto.

Propuesta de reparación civil

Su actual condición de actor civil o parte agraviada permite a la Procuraduría Pública Especializada en Lavado de Activos solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado peruano que se le pueda imponer a las personas naturales y jurídicas investigadas en este caso de ser halladas culpables de los cargos que les atribuye la Fiscalía en este proceso penal.

Al respecto, la Procuraduría Pública Especializada en Lavado de Activos presentó ante el Poder Judicial una propuesta inicial para que los investigados en este caso paguen en forma solidaria, la suma de 700 millones de soles como reparación civil, a favor del Estado peruano en este caso.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Joaquín Ramírez estaría involucrado en diversos financiamientos de empresa con dinero de presunta procedencia ilícita e incluso en campañas políticas.

Con relación a este caso, a inicios de abril, las autoridades fiscales y policiales montaron un mega operativo en el que se incautaron más de 290 bienes, entre inmuebles, vehículos, avionetas y costosas propiedades por un valor total de mil millones de dólares.