La defensa de la exalcaldesa Susana Villarán realizó este pedido al considerar que ya transcurrió el tiempo razonable de restricciones en su contra y que se le debería imponer comparecencia simple, como parte de la investigación que se le sigue por el presunto delito de colusión.
Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, solicitó al Poder Judicial que le permita afrontar en libertad sin restricciones la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de colusión agravada vinculado al caso Lava Jato.
La defensa de la exalcaldesa, el abogado Raúl Pariona, pidió durante una audiencia virtual el último jueves 21 de julio que se levante el mandato de comparecencia con restricciones que pesa sobre su patrocinada por este caso.
El letrado argumentó que Susana Villarán ya tiene más de cuatro años y ocho meses de restricciones a su libertad, tras cumplir medidas de comparecencia con restricciones, prisión preventiva y detención domiciliaria. Ante esta situación, consideró que ya ha transcurrido el tiempo razonable de restricciones y se le debería imponer un mandato de comparecencia simple.
En tanto, la fiscal adjunta Luz Tarapa pidió que se declare improcedente el requerimiento de la defensa legal de Susana Villarán al remarcar que nuestro Código Penal no establece un plazo para la comparecencia con restricciones y que se debe mantener esta medida que pesa en la actualidad sobre la exalcaldesa, a fin de evitar el riesgo de fuga y la obstaculización del caso.
Tras escuchar a las partes, el juez Jorge Chávez Tamariz anunció que notificará su decisión dentro del plazo de ley.
Comparecencia con restricciones
La exalcaldesa afronta el mandato de comparecencia con restricciones desde el pasado 14 de julio, cuando se conoció que el magistrado Chávez dispuso esta medida en su contra y que cumpla con diversas reglas de conducta.
Entre las restricciones contra la exalcaldesa Susana Villarán están no ausentarse del lugar donde reside sin autorización judicial, prohibición de comunicarse con los coimputados, testigos y peritos, además de no dar declaraciones sobre el caso. Asimismo, se le impuso el pago de una caución de S/ 20 000.
Fiscalía había solicitado que el Poder Judicial imponga un impedimento de salida del país por 36 meses contra Villarán; sin embargo, el juez rechazó el requerimiento al precisar que Fiscalía no ha programado diligencias que requieran la presencia de la imputada en este caso.
Susana Villarán es investigada a raíz de un presunto apoyo económico por parte de las constructoras brasileñas Odebrecht y O.A.S. para financiar tanto su campaña por el ‘No’ a la revocatoria, como a su campaña de reelección municipal en 2014.
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