La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, buscaba dejar sin efecto la regla de conducta que se le impuso en la que se le prohíbe ausentarse del lugar de su domicilio sin autorización judicial por el caso Lava Jato.
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La exalcaldesa de Lima Susana Villarán seguirá cumpliendo la regla de conducta de no ausentarse del lugar de su domicilio en Lima Metropolitana sin autorización judicial, como parte del proceso penal que se le sigue por el caso Lava Jato.
Así lo determinó la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional al declarar infundado el recurso de apelación que presentó Susana Villarán, a través de su defensa legal, para que se revocara la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz quien ,en primera instancia, rechazó el pedido que hizo para que se dejara sin efecto dicha regla de conducta que pesa en su contra.
La sala superior confirmó lo resuelto por el juez Chávez Tamariz tras determinar que este caso ya ingresó a la fase de control de la acusación fiscal, que podría dar paso a un juicio oral, etapas procesales en las cuales es necesaria la presencia de la procesada en determinadas audiencias.
Ante ello, el tribunal superior remarca que se insiste con esta regla de conducta para evitar cualquier forma de eludir la acción de la justicia o cualquier perturbación en la actividad probatoria por parte de la imputada.
Peligrosismo procesal
El colegiado superior también precisó que las circunstancias de la edad de Susana Villarán, que vive sola en su domicilio, que tenga un hijo y un nieto en la región San Martín, que concurra a centros médicos constantemente, que tenga una conducta procesal adecuada y que la investigación preparatoria haya concluido, de modo alguno, elimina el peligrosismo procesal declarado en este caso, entre otros argumentos.
La sala superior también aceptó la solicitud que hizo el Ministerio Público en la que se desiste de la apelación presentada para revocar el extremo de la decisión del juez Chávez Tamariz en la que dispone el cese de la regla de conducta que le prohibía a Susana Villarán brindar declaraciones a la prensa sobre este proceso penal.
El último viernes, 9 de junio, la Fiscalía sustentó ante el juez Jorge Chávez Tamariz la acusación que presentó contra la exalcaldesa de Lima. En esta, se pidió imponerle 29 años de prisión al atribuirle ser presunta cabecilla de una organización criminal que recibió más de 11 millones de dólares de las constructoras Odebrecht, O.A.S y Graña y Montero. Esto para financiar tanto la campaña por el “NO” su revocatoria en el cargo en el 2013 como para su campaña de reelección en el sillón municipal en el 2014.
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