La procuradora ad hoc para el caso Lava Jato señaló que el juez Thomas Hixon debe revocar la fianza y emitir la orden de detención para que el expresidente sea entregado a la Policía de ese país y se tramite su entrega a las autoridades peruanas.
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La procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión, resaltó la reciente decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California de rechazar el pedido del expresidente Alejandro Toledo para suspender lo que sería su extradición al Perú, que fue aprobada en primera instancia por el juez Thomas Hixson.
"Esta es una decisión importante y va en la línea de las últimas decisiones que ha tomado la justicia americana de cara a ir negando o declarando infundado los últimos pedidos que ha presentado la defensa del señor (Alejandro) Toledo para tratar de evitar la ejecución de la extradición", señaló en diálogo con RPP Noticias.
Tras recordar que esta decisión estaba pendiente en un tribunal, y que era necesaria para que el juez Thomas Hixson pudiera tomar una decisión sobre el pedido de revocatoria de fianza que hizo el Departamento de Justicia y de detención efectiva, la procuradora apuntó que ahora el magistrado ya se encuentra habilitado para emitir una decisión.
"Si esto se produce en los próximos días, esperamos que el juez Hixon pueda tomar esta decisión en un corto plazo. Con eso el señor Toledo podría ser entregado al órgano de Policía en Estados Unidos para que finalmente sea entregado a nuestro país", explicó.
Asimismo, Silvana Carrión destacó que, al igual que esta decisión, una anterior medida "bastante fuerte" adoptada por la Corte de Columbia. En esa línea, la procuradora resaltó que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California "ha tenido consideraciones fuertes respecto a todas las maniobras y todas las acciones que está ejercitando el señor Toledo para tratar de dilatar este proceso".
"Además, creo que lo que queda claro es que para la justicia americana el caso que enfrenta el señor Toledo, o los cargos que enfrenta en nuestro medio son graves hechos o delitos de corrupción, colusión y de lavado de activos, y así ha sido expresado desde la decisión de la Corte de Columbia y ahora reitera", apuntó.
"Queda más o menos claro que para la justicia americana lo que está haciendo con todos estos recursos es dilatar solamente la ejecución que el gobierno americano ya tomó respecto a conceder la extradición a nivel judicial y a nivel político (…) Incluso, la Corte de Columbia llamó la atención indicando que todos los cuestionamientos que viene planteando implican un gasto mayor con un staff de abogados", agregó.
Finalmente, estimó que en los próximos días el magistrado Thomas Hixson debe acoger la solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos; es decir, revocar la fianza y emitir la orden de detención para que el expresidente sea entregado a la Policía de ese país para que se tramite su entrega a las autoridades peruanas.
Corte rechaza apelación que buscaba evitar extradición
Esta noche se conoció que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California rechazó el pedido del expresidente Alejandro Toledo para suspender lo que sería su extradición al Perú, que fue aprobada en primera instancia por el juez Thomas Hixson.
La sala desestimó los argumentos de la defensa del exmandatario, quien alegaba que debía existir una orden de enjuiciamiento con los delitos que se le atribuye.
"Toledo ha demostrado la existencia de un daño irreparable, pero no la probabilidad de éxito en cuanto al fondo o que el interés público favorezca la suspensión. Por lo tanto, declinamos emitir una suspensión. Se deniega la solicitud de suspensión", se lee en el documento emitido por las autoridades de Estados Unidos.
La Corte del Distrito Norte de California, que es la que está llevando su proceso de extradición, también le denegó en marzo pasado a Alejandro Toledo un pedido similar para que se suspendiera provisionalmente su repatriación.
Toledo Manrique tiene pedido de prisión preventiva por haber recibido unos 34 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, mediante un entramado de sociedades en paraísos fiscales a través de las cuales adquirió millonarias propiedades inmobiliarias en Perú.
El exmandatario fue investigado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, con relación a contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.
En septiembre pasado, la Justicia estadounidense dio luz verde a su extradición a Perú, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, aunque la decisión final quedó en manos del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.
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