Caso Mivivienda: El 26 de junio se evalúa pedido de cese de prisión preventiva de Sada Goray

La empresaria Sada Goray solicitó al Poder Judicial que ordene el cese del mandato de prisión preventiva por 30 meses que se le impuso como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el caso 'Fondo Mi Vivienda' que estalló durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

Mediante un escrito presentado por su defensa legal, la empresaria demanda ser excarcelada del establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres ubicado en el distrito limeño de Chorrillos, a fin de afrontar bajo mandato de comparecencia la investigación preparatoria en su contra.

Esta solicitud de cese de prisión preventiva fue presentada ante el juez Raúl Justiniano quien programó para el miércoles 26 de junio a las 9 de la mañana una audiencia virtual para evaluarla con la participación de las partes involucradas.

El magistrado remitió un oficio a la dirección del establecimiento penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos para que ese día Sada Goray sea trasladada a una de las salas de audiencias de ese recinto carcelario y pueda participar en la audiencia virtual.

El 17 de junio se evaluará tutela de derechos de Sada Goray

En tanto, el juez supremo Juan Carlos Checkley programó para este lunes 17 de junio a las 2:30 de la tarde una audiencia virtual en la que evaluará un recurso de tutela de derechos presentada por la defensa de Sada Goray a fin de que se ordene al Ministerio Público permitirle el acceso a la declaración que brindó ante la ahora exfiscal de la Nación Patricia Benavides cuando la empresaria se encontraba fuera del país.

Sada Goray brindó esta declaración, en su entonces condición de testigo protegido, en febrero del 2023 en el consulado de Perú en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Este documento ahora se encuentra en una carpeta fiscal a cargo del área especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.

La defensa legal de la empresaria alega en su recurso de tutela de derechos una presunta vulneración al derecho de defensa y al debido proceso por parte del Ministerio Público al negarse a su pedido para que se le proporcione la documentación requerida.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) inició está investigación preparatoria luego que la empresaria Sada Goray reconociera ante el Ministerio Público que pagó en efectivo más de cuatro millones de soles a Salatiel Marrufo, fefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Pedro Castillo, para que su entonces empresa, MarKa Group, obtuviera contratos en este sector.