Raúl Alfaro apeló la resolución judicial emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, que ordena levantar el secreto de sus comunicaciones a raíz del fallido golpe de Estado que protagonizó el expresidente Pedro Castillo.
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El excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Raúl Alfaro pidió al Poder Judicial que se revoque la resolución en la que se ordena levantar el secreto de sus comunicaciones, a raíz del fallido golpe de Estado que protagonizó el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre del 2022.
A través de su defensa legal, Raúl Alfaro apeló la resolución judicial emitida por el juez supremo, Juan Carlos Checkley, en la que adoptó está medida en su contra a pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos que investiga este caso.
Al respecto, el juez supremo Checkley Soria resolvió el último 18 de agosto "conceder" esta apelación y remitirla a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, instancia que, si lo admite a trámite, evaluará este recurso en una audiencia virtual a programar con la participación de las partes involucradas con el objetivo de emitir una decisión final al respecto.
El último 17 de julio, el juez supremo Juan Carlos Checkley dispuso levantar el secreto de las comunicaciones del expresidente Pedro Castillo, los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez y el exasesor Aníbal Torres por el fallido golpe de estado del 07 de diciembre del año 2022.
El juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al declarar fundado el requerimiento que hizo la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, para que se ejecutará este medida como parte del proceso penal que afrontan estos exfuncionarios públicos a raíz de este caso.
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El magistrado también dispuso que se levante el secreto de las comunicaciones del actual comandante general de la PNP, Jorge Luis Angulo Tejada, y su antecesor en el cargo Raúl Alfaro, de los jefes Policiales, Vicente Álvarez Moreno, Manuel Lozada Morales, Eder Infanzón Gómez los exfuncionarios de Palacio de Gobierno, Luis Alberto Mendieta Gavirondo, Fernando Aliaga Alejo y el exfuncionario Juan Navarro Pando.
El juez supremo Checkley Soria dispuso que las principales empresas operadoras de servicio de telecomunicaciones a nivel nacional informen al mencionado despacho fiscal sobre el registro histórico del tráfico de llamadas y entrantes y salientes con indicación de fecha, hora y tiempo de duración. También los mensajes de texto de un grupo de líneas telefónicas vinculadas a los investigados y testigos en este caso dentro del periodo comprendido desde el 1 al 8 de diciembre del 2022.
El magistrado también requirió a estas empresas que informen acerca de todas las líneas telefónicas registradas a nombre de las personas señaladas en su resolución afín de que se efectúe al mismo procedimiento.
El juez supremo Checkley Soria dispuso que una vez ejecutada está medida, el Ministerio Público deberá dar cuenta del resultado para el control respectivo.
Asimismo, precisó que está medida deberá efectuarse única y exclusivamente para los fines de la presente investigación bajo responsabilidad funcional en caso de incumplimiento.
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"Medida necesaria"
El juez supremo Juan Carlos Checkley determinó en su resolución, emitida el último 17 de julio, que la medida requerida por la Fiscalía es idónea, necesaria y proporcional ya que su fin constitucional es la investigación de los delitos imputados al expresidente Pedro Castillo y los demás investigados, sobre todo, los de rebelión y conspiración que revisten especial gravedad por atentar contra el orden constitucional y los poderes del estado.
"La medida es necesaria porque de otra manera no será posible obtener elementos de prueba suficientes, inmediatos y urgentes que revelen datos objetivos relacionados a posibles comunicaciones telefónicas de los investigados y afectados con otras personas, información que podrá evidenciar incluso la posible forma y circunstancias de los hechos delictivos investigados", precisa el magistrado.
El expresidente Pedro Castillo y la exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez cumplen 18 meses de prisión preventiva en penales de nuestra capital a raíz de este caso mientras que los exministros Willy Huerta Olivas, Roberto Sánchez Palomino y el exconsejo Aníbal Torres Vásquez afrontan esta investigación preparatoria bajo mandato de comparecencia con restricciones.
Segunda medida similar
El último 11 de julio ,el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria autorizo, a pedido de la mencionada instancia fiscal, el levantamiento del secreto de las comunicaciones respecto a una línea de telefonía vinculada al expresidente Pedro Castillo, así como de 09 chips de celulares incautados el 08 de diciembre del año 2022 en un pasadizo del segundo piso de la residencia de la Presidencia de la República ubicada dentro de Palacio de Gobierno.
En este caso, el magistrado dispuso que dicha medida se lleve acabó dentro del periodo comprendido desde el 02 al 16 de diciembre del año 2022.
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