Procuraduría pidió a PJ que Universidad Alas Peruanas sea tercero civil responsable en proceso a Joaquín Ramírez

La Procuraduría Pública Especializada en lavado de activos solicitó al Poder Judicial que ordene la incorporación de la Universidad Alas Peruanas S.A. como “tercero civilmente responsable” en la investigación preparatoria seguida al alcalde de Cajamarca y exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, y otros por dicho delito en agravio del Estado.

La defensa legal de nuestro país hizo este requerimiento conforme a la normativa establecida en el inciso 1 del artículo 111° del Código Procesal Penal tras haberse constituido, el último 11 de junio, como actor civil o parte agraviada dentro de esta investigación preparatoria.

Al respecto, el juez Víctor Zúñiga resolvió, el último 14 de agosto, admitir a trámite la solicitud de dicha Procuraduría disponiendo que sea puesta en conocimiento de las partes procesarles y en caso se presentará alguna oposición se citará a una audiencia para evaluarla, a fin de emitirse una decisión, caso contrario, se emitirá a la resolución que corresponde sobre este asunto.

Con este requerimiento la Procuraduría busca que la Universidad Alas Peruanas S.A. asuma el pago de una eventual reparación civil a favor del Estado en caso no puedan hacerlo con sus bienes estos investigados de ser hallados culpables de los presuntos delitos de fraude y administración de persona jurídica, defraudación tributaria, lavado de activos y organización criminal que les atribuye la Fiscalía en este caso.

Inclusión de UAP como persona jurídica

El último 25 de julio, el juez Víctor Zúñiga declaró fundado el requerimiento de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos para que la Universidad Alas Peruanas S.A. sea incorporada como persona jurídica en esta investigación preparatoria, medida que fue apelada por la defensa legal de esta casa superior de estudios.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Joaquín Ramírez estaría involucrado en diversos financiamientos de empresas con dinero de presunta procedencia ilícita e incluso en campañas políticas.

Respecto de este caso, a inicios de abril, las autoridades fiscales y policiales montaron un megaoperativo en el que se incautaron más de 290 bienes, entre inmuebles, vehículos, avionetas y propiedades por un valor de mil millones de dólares.