Procuraduría pide al Poder Judicial que Yesenia Ponce pague S/ 260 mil como reparación civil a favor del Estado

La Procuraduría General del Estado pidió al Poder Judicial que la excongresista Yesenia Ponce pague la suma de 260 mil soles como reparación civil a favor del Estado peruano.

La defensa legal de nuestro país estableció el daño patrimonial de la siguiente manera: 120 mil soles por dos hechos vinculados al delito de cohecho activo genérico, 100 mil soles por dos hechos relacionados al delito de uso de documento público falso y 40 mil soles por dos hechos vinculados al delito de falsedad genérica.

La Procuraduría General del Estado presentó está propuesta inicial de reparación civil dentro de la solicitud que hizo para constituirse como "actor civil" o " parte agraviada" en la investigación preparatoria que inicio la Fiscalía a la exlegisladora, la cual fue aceptada por el juez supremo Juan Carlos Checkley el último cuatro de diciembre.

El magistrado adoptó esta medida al determinar que dicha solicitud de constitución en actor civil cumplió los requisitos que establece el Código Procesal Penal para ser admitida y además porque las partes involucradas no formularon oposición respecto a este requerimiento.

La decisión adoptada por el magistrado habilita a la Procuraduría a solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil que se le pueda imponer a la exlegisladora en caso sea hallada responsable de los cargos que se le imputan en este caso.

La defensa legal del Estado remarcó que su propuesta inicial de reparación civil es una pretensión provisional y se reserva el derecho a variar y/o incrementar el monto postulado por daño extrapatrimonial en este proceso penal.

Investigación contra Yesenia Ponce

El Ministerio Público inició esta investigación preparatoria a la excongresista Yesenia Ponce luego que en junio del 2023 el pleno del Congreso de la República aprobara la denuncia constitucional que se presentó en su contra en la que se le atribuye el presuntamente haber consignado información falsa en su declaración jurada de hoja de vida ante el Jurado Electoral Especial Huaraz y sostener que sus estudios de educación secundaria los realizó en la Institución Educativa Luis Fabio Xammar, lo cual no habría sido cierto y por el contrario habría comprado los certificados de estudios.

También se le imputa el presuntamente haber entregado regalos al entonces presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria y a un trabajador de este grupo de trabajo legislativo para que resuelvan a su favor en un informe de calificación. Además, se le acusa de haber pretendido alterar la verdad al presentar ante está comisión certificados de estudios presuntamente falsos.