Los congresistas Guido Bellido y Guillermo Bermejo son acusados de impedir que el exmilitar Bobby Villarroel declare en medio de la investigación que afronta por una presunta vinculación con remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem.
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La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al Poder Judicial que ordene su incorporación como "actor civil" o "parte agraviada" en la investigación preparatoria que se le sigue a los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido, por el presunto delito de obstaculización a la acción de la justicia.
La defensa legal de nuestro país presentó un escrito en el que cumple con precisar la pretensión patrimonial que persigue, además de establecer el perjuicio que se le imputa a cada uno de los investigados.
Al respecto, Bermejo y Bellido presentaron, el 16 y 17 de abril de este año, dos escritos en el que formulan oposición a la solicitud que hizo la PGE en este caso.
Está solicitud de constitución en actor civil fue presentada ante el despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien programó una audiencia virtual parara el martes, 28 de mayo, desde las 02:30 p.m.
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Si el magistrado acepta dicha solicitud de constitución en actor civil, la PGE quedará habilitada para poder solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado que se le puede imponer a estos legisladores ante la posibilidad de que fueran hallados culpables.
El caso
El 3 de enero pasado, la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal dispuso formalizar una investigación preparatoria a estos legisladores por el delito de obstaculización a la acción de la justicia, tras atribuirles el presuntamente haber impedido que el exmilitar Bobby Eddy Villarroel Medina, conocido como "Sacha", declare ante los agentes de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional (Dircote)
Esto como parte de la investigación seguida a estos parlamentarios por una supuesta vinculación con los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso en la zona del Vraem.
La instancia suprema fiscal dispuso que está investigación preparatoria se lleve a cabo en un plazo de ocho meses al ser declarada "compleja".
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Durante los últimos meses hemos visto desfilar a decenas de abogados que para defender a sus patrocinados no vacilan en forzar las interpretaciones, lanzar acusaciones ligeras y multiplicar losrecursos procedimentales para dilatar los plazos y confundir a la opinión pública.
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