Wendy Teresita Irigoin Peralta, hija de la escolta del presidente Pedro Castillo, registra órdenes de servicio superiores a los 88 mil soles por hacer funciones como la agenda del Ministerio de Transportes en la gestión de Juan Silva.
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El procurador anticorrupción Javier Pacheco remarcó la necesidad de investigar Wendy Teresita Irigoin Peralta, hija de la escolta del presidente Pedro Castillo, por unas órdenes de servicio que habrían sido otorgadas a favor de esta ingeniera de sistemas hasta por el monto de 88 mil 250 soles por realizar funciones como hacer la agenda del despacho ministerial.
"Cuando observamos la noticia criminal que se ha propalado respecto de estas órdenes de servicio que habrían sido otorgadas a Wendy Teresita Irigoin Peralta, quien sería una ingeniera de sistemas, es que se le ha otorgado órdenes de servicios hasta por el monto de 88 mil 250 soles por realizar funciones, una de estas hacer la agenda del despacho ministerial", indicó.
"Estas órdenes habrían sido otorgadas en el MTC en el periodo que fue ministro Juan Silva. Cuando nosotros evaluamos estas órdenes de servicio que han sido otorgadas desde noviembre por 17 mil soles, diciembre por 4 250 soles, enero del 2022 por 17 mil soles, febrero 10 mil soles, marzo por mil soles, abril 20 mil soles por realizar una agenda", agregó.
En entrevista con Todo se sabe de RPP Noticias, Pacheco comentó que la Procuraduría analiza la necesidad de estos servicios y si es que el MTC no tenía asignado a personal de planta para estas labores. Agregó que en caso se determine una concertación, se trataría de un delito de colusión, mientras que, si solo se encuentra un favorecimiento, el delito sería el de negociación incompatible.
En caso la hija del escolta del presidente que trabajaba en el Ministerio de Transportes en la época de Juan Silva sea hallada culpable del delito de colusión, el procurador estimó que podría recibir, por lo menos, 15 años de cárcel. En tanto, sobre su padre, Nilo Irigoin Chávez, señaló que se estaría ante la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias.
Finalmente, apuntó que si esta denuncia se vincula a la investigación de la fiscal de la Nación por presunta organización criminal contra el presidente Pedro Castillo, su despacho no podría continuar con este caso por tratarse de un alto funcionario; sin embargo, señaló que es "discrecionalidad del Ministerio Público" determinar si existen estas vinculaciones.
Cambios en el equipo Cuellos Blancos
En otro momento, el procurador anticorrupción expresó su respaldo a los recientes cambios dispuestos por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el equipo que investiga el caso 'Los cuellos blancos del puerto' debido a supuestas malas conductas en alguno de sus integrantes, además de la falta de un proceso judicial concluido tras casi cuatro años.
"Me encuentro conforme con este tipo de cambios que ha realizado en el equipo de los Cuellos Blancos por cuanto ya antes de que asuma la fiscal de la Nación, cuando estaba como interino Pablo Sánchez, nosotros presentamos un pedido de exclusión para que se retire del cargo al fiscal Jesús Fernández Alarcón juntamente con la fiscal Fanny Quispe", indicó.
"En su conducta (de los dos fiscales), conforme está sustentado en el pedido, había demasiados elementos que hacían necesario la exclusión o retiro o cambio. Pareciera que la fiscal de la Nación habría tomado conocimiento de nuestro pedido, lo cual también habría evaluado a que se realice este tipo de cambios. Es necesario y es bueno", añadió.
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La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.
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