Esto luego de que el juez Leodan Cristóbal declarara fundada la solicitud de la defensa legal del Estado en el proceso seguido contra la exgobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, investigada por presunta corrupción.
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La Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato podrá solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado que se le imponga a la exgobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, y otros en caso sean hallados culpables de los presuntos delitos de colusión agravada, asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo propio durante los años 2015 y 2018.
Esto luego de que el juez Leodan Cristóbal Ayala declaró fundada la solicitud de la defensa legal del Estado para constituirse como “actor civil” o “parte agraviada” en este proceso penal.
El magistrado determinó que dicha solicitud cumplió los requisitos establecidos en el artículo 100 de Código Procesal Penal para su aprobación, por lo que las oposiciones formuladas por las defensas técnicas de la exautoridad regional y los demás investigados deben ser desestimadas.
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La referida Procuraduría había incluido en su solicitud de constitución en actor civil la propuesta inicial para que los investigados paguen en forma solidaria la suma de 17 millones 890 mil 618.42 soles como reparación civil a favor del Estado.
El caso
La fiscal Ángela Zuloaga Bayes, del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, investiga a Yamila Osorio por presuntamente haber constituido y encabezado una organización criminal dentro del Gobierno Regional de Arequipa y haber intervenido de manera directa en la licitación pública Mejoramiento de la Carretera Variante Uchumayo, entre el puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, distrito de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado ( Tramo 3 ).
Según la tesis fiscal, la exgobernadora regional habría concertado, a través de Edgar Montalvo Gálvez, con el Gerente la de la constructora ICCGSA, Fernando Castillo Divos, por intermedio de Carlos Zariquiey y Rafael Granados Cueto, a fin de favorecer a la citada empresa a cambio de un beneficio económico en detrimento del interés del Estado.
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