por Julio Cisneros
. Actualizado elEl juez Leodan Cristobal Ayala programó para el miércoles 26 una audiencia virtual en la que se evaluará el requerimiento planteado por la defensa del Estado, en el marco de la investigación fiscal a la exgobernadora Yamila Osorio.
La Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó al Poder Judicial que ordene su incorporación como “actor civil” o “parte agraviada” dentro de la investigación preparatoria seguida a la exgobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo y colusión agravada durante los años 2015 y 2018.
Frente a ello, la defensa legal de la exautoridad regional presentó un escrito donde formula oposición al pedido de los abogados del Estado para construirse como actor civil en este caso mientras que el Ministerio Público informó que no se oponen a esta solicitud.
Ante esta situación, el juez Leodan Cristobal Ayala programó para el miércoles 26 de julio a las 09 de la mañana una audiencia virtual para evaluar esta solicitud de la Procuraduría ad hoc con la participación de las partes involucradas, a fin de emitir una decisión al respecto.
Si el magistrado declara fundada dicha solicitud, la Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato podrá solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado que se imponga a la exautoridad regional y otros en caso sean hallados responsables de los cargos que se les imputa dentro de este proceso penal.
Investigación contra exgobernadora
La fiscal Angela Zuloaga Bayes, del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato investiga a Yamila Osorio por presuntamente haber constituido y encabezado una organización criminal dentro del Gobierno Regional de Arequipa y haber intervenido de manera directa en la licitación pública “Mejoramiento de la carretera variante Uchumayo, entre el puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, distrito de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado (Tramo 3).
De acuerdo con la tesis fiscal, la exgobernadora regional habría concertado, a través de Edgar Montalvo Gálvez, con el gerente de la constructora ICCGSA, Fernando Castillo Dibos, por intermedio de Carlos Zariquiey y Rafael Granados Cueto, a fin de favorecer a la citada empresa a cambio de un beneficio económico en detrimento de los intereses del Estado.
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Julio Cisneros Periodista
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