Procedimientos judiciales sin interferencia política, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Sede del Poder Judicial. | Fuente: Andina

En los casos de Joaquín Ramírez, Daniel Urresti y Sergio Tarache, lo que debemos exigir es independencia en los procedimientos, que deben llevarse a cabo sin interferencias políticas.

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El azar del calendario ha hecho coincidir tres procedimientos que no tienen nada que ver entre sí: el allanamiento de propiedades vinculadas al excongresista Joaquín Ramírez y a la Universidad Alas Peruanas, la condena a 12 años de cárcel al exministro Daniel Urresti y la captura en Colombia del feminicida venezolano Sergio Tarache.

En los tres casos lo que debemos exigir es independencia en los procedimientos, que deben llevarse a cabo sin interferencias políticas. Fuerza Popular se ha precipitado a decir que Joaquín Ramírez ya no tiene nada que ver con el partido fujimorista y pide al Ejecutivo que evite toda forma de injerencia en un procedimiento fiscal.

Pero el actual vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, no vacila en sugerir que el allanamiento es una maniobra de distracción, para ocultar la mala gestión de la crisis climática o peor aún para anticipar las consecuencias de la llegada de Alejandro Toledo al Perú. Por su parte, la sentencia de la Corte Superior sobre el asesinato del periodista Hugo Bustíos puede ser apelada, pero lo que deberá primar es la objetividad de los argumentos y no qué adversarios han podido querer destruir la imagen pública de Daniel Urresti.

Es todavía más chocante que la captura de un feminicida pueda verse afectada por el mal momento que atraviesan las relaciones entre Perú y Colombia. No se trata solo de preservar la vieja relación entre nuestros países, a pesar de desacuerdos de fondo sobre lo sucedido con Pedro Castillo. Lo más grave es no priorizar la necesidad de combatir con todas las armas de la ley un tipo de crimen que persiste y crece en nuestra región: el feminicidio.

En otras oportunidades, se ha recurrido a la expulsión para sancionar a alguien que entra irregularmente a un país. Imponer un procedimiento de extradición o expulsarlo a Venezuela, que no lo reclama, es complicar un proceso que debe sentar un precedente histórico contra la impunidad. La madre de la víctima recordó lo esencial en RPP: “El asesino de mi hija me quitó lo más amado que yo tenía en la vida”.

Las cosas como son

Fernando Carvallo

Fernando Carvallo Columnista

Periodista

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