Policía realiza control de identidad en condominio donde vive Vladimir Cerrón, quien sigue inubicable

El líder fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, permanece inubicable desde que el Poder Judicial, lo condenara, ayer, a tres años y seis meses de prisión efectiva, por el caso Aeródromo Wanka.

A efectos de dar con su paradero, personal policial de la Comisaría de Petit Thouars se encuentra realizando diligencias de control de identidad en la puerta principal y la cochera del condominio City, edificio donde reside el exgobernador regional de Junín, ubicado en la cuadra 14 de la avenida Arequipa, en el distrito de Lince.

Hasta el cierre de esta edición, los efectivos solicitaban el DNI a cada persona que ingresaba al edificio, así como a los conductores de vehículos a los que, además, se les revisaba las maleteras de sus autos. 

Estas diligencias fueron dispuestas debido a que Cerrón Rojas permanece inubicable desde que se dictó la sentencia en su contra. 

"No se ha escondido ni está prófugo"

Respecto a la situación jurídica del líder de Perú Libre, su abogado defensor, Luis Mayhua, descartó que su patrocinado se haya fugado y aseguró que próximamente dará su versión de los hechos en una conferencia de prensa.

"Le he comunicado de la decisión del Poder Judicial y seguramente, en las próximas horas, él saldrá a la prensa y dará su versión y tomaremos las decisiones legales que correspondan. Él no se ha escondido ni está prófugo, sino que estamos analizando los pasos procesales a seguir", comentó. 

Mayhua señaló que a las 6:00 p.m. de ayer fueron notificados formalmente de la sentencia compuesta de 111 páginas. Sin embargo, afirmó que se han cambiado los fundamentos jurídicos.

"La decisión que ha adoptado la Sala de Apelaciones de la Corte de Junín es una que desde la perspectiva de la defensa ha confirmado un acto arbitrario", explicó.

"Se le imputaba al señor Cerrón y se le sigue imputando haber suscrito un contrato habilitante. Este era un contrato a través del cual un privado se comprometía a realizar desde los primeros actos de estudio, la evaluación y la propuesta de un aeropuerto en la ciudad del Valle del Mantaro. La acusación basaba en que ese proyecto le generaba un riesgo potencial y perjuicio al Estado de alrededor de 2 millones de soles. Han cambiado los fundamentos jurídicos y fácticos por los que se llevó a juicio", expresó.  

El jurista agregó que su cliente permanecerá en libertad hasta que la Corte Suprema resuelva el tema.

"La propia Corte de Junín, en la última parte de la lectura de sentencia, hay un voto que dice que el código procesal penal señala que para que la pena sea efectiva tiene que estar ejecutoriada y esa calidad solo lo da la Corte Suprema", explicó. 

Decisión del Poder Judicial

La Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín condenó a 3 años y 6 meses de prisión efectiva al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por el delito de colusión, por el caso Aeródromo Wanka.

El colegiado también impuso que exgobernador regional de Junín pague una reparación civil de 800 mil soles; así como su inhabilitación durante 3 años y 6 meses.

Cabe recordar que, en febrero de este año, el Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de Junín condenó a 4 años de prisión efectiva al secretario general de Perú Libre, también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante el mismo periodo de tiempo y determinó el pago de una reparación civil de más de 2 millones de soles.

Sin embargo, Vladimir Cerrón interpuso un recurso de apelación tras ser encontrado culpable del delito de colusión. La sentencia solo se cumpliría si era ratificada hoy en segunda instancia.

El viernes, 6 de octubre, los magistrados Carlos Carhuancho, Walter Chipana y Julio Lagones ratificaron la responsabilidad penal de Cerrón Rojas en su calidad de gobernador regional de Junín en el caso Aeródromo Wanka, junto a otros implicados. 

Al inicio de la audiencia, el líder de Perú Libre intentó acogerse a la Ley 31751, también conocida como Ley Soto, que reduce a un año el plazo de la suspensión de la prescripción de la acción penal. Sin embargo, el colegiado rechazó esa pretensión.