Poder Judicial sancionó a Wilfredo Oscorima por no cumplir reglas de conducta en 'caso Obrainsa'

El Poder Judicial dictó apercibimiento contra el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por el incumplimiento de reglas de conducta que se le impusieron en el marco del proceso que se le sigue por el ‘caso Obrainsa’.

La medida de apercibimiento fue impuesta por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional, por el incumplimiento de dos reglas de conducta, según informaron desde la cuenta X (antes Twitter) del Poder Judicial.

Desde Fiscalía señalaron que el gobernador de Ayacucho no cumplió con pasar el control biométrico mensual ni con dar cuenta de sus actividades, reglas de conducta que se le dictaron como parte de la investigación en su contra.

De acuerdo con el Equipo Especial del caso Lava Jato, Wilfredo Oscorima no se presentó para realizar su control biométrico en febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2023 ni en enero de este año. Tampoco informó de sus actividades entre febrero y agosto de 2023.

Ante esta situación Fiscalía solicitó al Poder Judicial que llame la atención del gobernador de Ayacucho, a fin de que se le reitere el cumplimiento de las restricciones que se le impusieron por este caso. Por ello, el juez Jorge Chávez Tamariz dictó el apercibimiento al confirmar que Oscorima no cumplió con lo impuesto.

Fiscalía investiga a Wilfredo Oscorima por caso Obrainsa

La Fiscalía investiga al entonces presidente regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima por su intervención en el proceso de licitación pública “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto-Vilcashuamán, Tramo Condorcocha-Vilcashuamán.

Según la tesis fiscal, Oscorima habría concertado entre junio y julio del 2014, a través de Alejandro Tello, Gerente General de la empresa Altesa Contratistas Generales con Manuel Tejeda, funcionario de Obrainsa, para favorecer a esta última empresa a cambio de un presunto beneficio económico.

Para el Ministerio Público, Wilfredo Oscorima habría quebrantado su deber funcional específico de cautelar y respetar los principios de imparcialidad, transparencia y trato justo a los postores, defraudando patrimonialmente al Estado.

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