Poder Judicial rechazó pedido de Patricia Benavides para separar de su caso a la fiscal suprema Delia Espinoza

La fiscal suprema Delia Espinoza seguirá al frente de la investigación preliminar seguida a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y un grupo de congresistas por los presuntos delitos de organización criminal y otros en agravio del Estado.

Esto debido a que el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada una tutela de derechos que presentó la defensa legal de Benavides Vargas, quien buscaba que se ordenara a la fiscal Espinoza Valenzuela devolver la carpeta fiscal del caso a la Fiscalía de la Nación; para que el caso fuera remitido al fiscal supremo penal competente.

La defensa legal de Patricia Benavides demandaba en su recurso a no desvirtuar el procedimiento establecido por ley, la defensa a la prueba y al principio de legalidad.

Sin embargo, el magistrado determinó que el caso no podría estar a cargo del fiscal de Nación Interino, Juan Carlos Villena, ni del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde porque ambos han declarado en calidad de testigos dentro de esta investigación preliminar, por lo que la fiscal suprema Delia Espinoza sería la única habilitada y competente para conocer la presente investigación.

Juez desestimó más pedidos de Patricia Benavides

El mencionado juez también desestimó el pedido que hizo Patricia Benavides para que se excluyera de esta investigación preliminar los actos realizados por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) al no tener competencia para realizar indagaciones contra una fiscal suprema en el ejercicio de sus funciones como titular del Ministerio Público.

Asimismo, el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada otra tutela de derechos que presentó la defensa legal de Benavides Vargas con la que buscaba que la Fiscalía de la Nación ordenara al Eficcop el cese de los actos de investigación en su contra y se anule todo lo actuado respeto a su persona a raíz de las declaraciones de su exasesor Jaime Villanueva, quien la sindico como la supuesta cabecilla de una supuesta organización criminal dentro del Ministerio Público.

Por último, el magistrado rechazó el requerimiento de Benavides para que se ordenara anular la disposición por la cual el Eficcop dio inicio a diligencias preliminares especiales por 36 meses, decretando en secreto las diligencias por un plazo de ocho meses y se ordene la exclusión de todo lo actos de investigación vinculados directamente a la entrega de la información proporcionada por el congresista conocido como el "Agente Roberto".