por Redacción RPP
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Elvia Barrios, titular del Poder Judicial, no dio mayores detalles sobre esta denuncia y señaló que se mantendrá con un trabajo independiente e imparcial en la Corte Suprema.
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La titular del Poder Judicial, Elvia Barrios, brindó un pronunciamiento junto con los miembros de la Sala de la Corte Suprema en el cual expresó su rechazo a los "actos de intimidación" por parte de un funcionario de la Fiscalía. Sin embargo, no dio mayores detalles al respecto.
"Ante la inminente visita de la OEA hacemos presente nuestra posición institucional de independencia judicial y rechazamos cualquier acto de intimidación, presión por parte de un funcionario del Ministerio Público. En pocos días un grupo de jueces va a pasar por un proceso de ratificación y esperamos que este corresponda a los cánones de justicia y equidad ajenos a cualquier otro interés que no sea el del Poder Judicial", sostuvo la presidenta del PJ en su discurso.
Elvia Barrios sostuvo que, pese a la coyuntura que se vive, el Poder Judicial mantendrá su compromiso en la lucha contra la corrupción.
"Ratificamos nuestro compromiso de la lucha contra la corrupción y un trabajo independiente e imparcial", expresó Barrios para cerrar su pronunciamiento.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acordó la semana pasada activar la Carta Democrática y enviar una delegación de alto nivel para que analice la situación política del Perú, tal como lo solicitó el presidente Pedro Castillo al denunciar la existencia de un supuesto complot para destituirlo del cargo.
Se define situación del 'Gabinete en las sombras'
El Poder Judicial decidirá este martes el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra el empresario Alejandro Sánchez, dueño del inmueble en el jirón Sarratea que albergó reuniones del presidente Pedro Castillo, así como la de otros tres implicados en el caso ‘Asesores en la sombra’: Salatiel Marrufo, Abel Cabrera y Biberto Castillo.
Todos ellos están comprendidos en una investigación preparatoria por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias en agravio del Estado.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, los exasesores de Pedro Castillo podrían ser condenados a penas de entre 12 y 19 años de prisión si son hallados responsables de los cargos que se les atribuyen en este caso.
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