Poder Judicial ordena concluir investigación contra Dina Boluarte por desactivación del equipo policial de apoyo al Eficcop

El Poder Judicial ordenó al Ministerio Público concluir la investigación fiscal abierta contra la presidenta Dina Boluarte, en mayo de 2024, por la desactivación del Equipo Especial de la Policía que apoyaba al Equipo de Fiscales contra la Corrupción del poder (Eficcop). 

Así lo dispuso el juez Supremo Juan Carlos Checkley, al declarar fundado un recuso de control de plazo presentado por la defensa de la mandataria, al haberse excedido el tiempo de las pesquisas para este caso. 

"Declarar fundada la solicitud de control de plazo formulada por la defensa de Dina Ercilia Boluarte Zegarra en la investigación preliminar seguida en su contra por los presuntos delitos de encubrimiento personal agravado y abuso de autoridad en agravio del Estado", dice la resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia.  

El juez también ordenó que "la Fiscalía a cargo de esta investigación cumpla con emitir la disposición con arreglo al Código Procesal Penal". 

De ese modo, el Ministerio Público tendrá que emitir una resolución en la que dé cuenta del archivamiento de la investigación contra la jefa de Estado. 

Desactivación del equipo especial de la Policía 

El 9 de mayo de este año, el Gobierno de Dina Boluarte dispuso la desactivación del Equipo Especial de la Policía Nacional que estaba encargado de dar apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

Mediante una resolución firmada por el entonces ministro del Interior, Walter Ortiz, se dejó sin efecto las resoluciones ministeriales previas con las que se daba cuenta de que el equipo de apoyo policial al Eficcop está integrado por jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú, encargado de la coordinación general, y por el jefe de la División de Inteligencia Antidrogas de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú.

Se precisaba, además, que, si bien el objeto de creación de este equipo policial es dar apoyo al Eficcop mediante la investigación e inteligencia, se ha advertido duplicidad de funciones, pues dichas labores ya son ejercidas por la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú.

Asimismo, se señaló que la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú “en el marco de sus competencias” dispone de las acciones que resulten necesarias para “dar continuidad al apoyo que se viene brindando” al Eficcop.

La decisión del Gobierno se dio luego de que el Eficcop señalara durante la audiencia de prisión preventiva a uno de los detenidos durante el operativo Valkiria XIII, que habría un interés de la presidenta Dina Boluarte para que desmembrar dicho grupo de trabajo fiscal.

Según precisaron, la mandataria habría hecho uso del poder para promover la destitución del coronel de la Policía, Harvey Colchado, quien era jefe de la Diviac.

Además, se advirtió de un “reglaje” contra familiares directos de la coordinadora nacional del Eficcop, la fiscal superior, Marita Barreto.

Investigación preliminar de la Fiscalía

Dos días después, el 11 de mayo, el Ministerio Público anunció el inicio de diligencias preliminares contra la presidenta Boluarte y el ministro Walter Ortiz por haber desactivado al mencionado grupo especial. 

El Ministerio Público precisó que a la mandataria se le abría la diligencias como presunta instigadora; mientras que al entonces titular del Miniter como presunto autor de la comisión del delito contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento personal. 

Dina Boluarte y Walter Ortiz también fueron comprendidos en diligencias preliminares como presuntos autores del delito de abuso de autoridad.