por Redacción RPP
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El pedido de la Fiscalía alcanza también a Walter y David Paredes Navarro, hermanos de la ex primera dama Lilia Paredes, en el marco de las investigaciones por el caso “Anguia”.
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El Poder Judicial iniciará el próximo jueves 09 de marzo la evaluación del pedido fiscal para que se imponga 36 meses de prisión preventiva a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el caso “Anguia”.
El juez Raúl Justiniano dispuso que esta audiencia de carácter “presencial” se lleve a cabo desde las 10 de la mañana en la sede del Poder Judicial ubicada en la cuadra 07 de la avenida Tacna en el Centro de Lima.
El magistrado también iniciará ese día la evaluación del pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra Walter y David Paredes Navarro, hermanos de la esposa del exjefe de Estado quienes se encuentran comprendidos dentro de esta investigación preparatoria.
Durante una audiencia realizada el último 06 de enero, el fiscal Jorge García Juárez dio cuenta al juez Raúl Justiniano sobre su solicitud de 36 meses de prisión preventiva contra estas personas tras desistirse de un pedido inicial que hizo para que se les impusiera mandato de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 03 años en este caso.
El magistrado informó que se solicitó prisión preventiva para estas tres personas debido a que se incrementó tanto el peligro procesal como los elementos de convicción respecto a los cargos que se les atribuye a cada uno de ellos en este proceso penal.
Lilia Paredes se encuentr asilada en México
En la actualidad Lilia Paredes y sus menores hijos se encuentran en México tras el asilo que les otorgó el gobierno de ese país.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder atribuye a estas personas junto a Yenifer Paredes, cuñada del exjefe de Estado, el exalcalde de Anguia José Nenil Medina Guerrero y otros ser parte de una presunta organización criminal dedicada a las licitaciones públicas fraudulentas que tenía como campo de acción los Departamentos de Lima, Cajamarca y Amazonas donde se favoreció a empresas de fachada con el otorgamiento de la buena pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento por grandes sumas de dinero pese a no contar con los requisitos exigidos por la ley.
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