El juez Víctor Zúñiga analizará el requerimiento fiscal para que se imponga prisión preventiva a Arturo Cárdenas Tovar, alias 'Pinturita', y otros tres implicados en el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de Perú Libre.
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El Poder Judicial iniciará el próximo miércoles, 6 de septiembre, la evaluación del pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra el exdirigente de Perú Libre Arturo Cárdenas Tovar, conocido como ‘Pinturita’, y otros tres investigados por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de dicho partido político que encabeza Vladimir Cerrón.
En una audiencia “presencial”, a realizarse desde las 8:30 a.m. en la sede del Poder Judicial, en el Cercado de Lima, el juez Víctor Zúñiga Urday analizará el requerimiento que hizo el fiscal para casos de Lavado de Activos, Richard Rojas Gómez, para que se imponga dicha medida a Arturo Cárdenas Tovar y al también exdirigente de Perú Libre, Waldys Vilcapoma Manrique y los exfuncionarios de la Región Junín, Eduardo Reyes Salguerán y Francisco Muedas Santana, implicados en este caso.
El juez Zúñiga Urday dispuso notificar su decisión a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), para que Arturo Cárdenas Tovar, Eduardo Reyes Salguerán y Waldys Vilcapoma Manrique sean trasladados ese día desde el Establecimiento Penitenciario Ancón I, donde cumplen 36 meses de prisión preventiva por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, hasta la referida sede judicial para que participen en esta audiencia de prisión preventiva.
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El magistrado también determinó que en el caso Francisco Muedas Santana, quien se encuentra en calidad de “no habido” por la justicia al pesar en su contra un mandato de prisión preventiva de 36 meses por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, sea notificado sobre esta diligencia a su domicilio real y por otro medio electrónico.
El juez Víctor Zúñiga se avocó al conocimiento del caso sobre el financiamiento de las campañas electorales del partido político Perú Libre, luego que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló, de oficio, la resolución que emitió, el último 28 de abril, el juez Leodan Cristóbal Ayala. En esta, rechazó el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva que se presentó contra estos cuatro investigados y les impuso comparecencia con restricciones.
El tribunal superior ordenó que otro juzgado penal vuelva a evaluar este requerimiento fiscal y emita una nueva decisión al respeto.
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